Debemos anticiparnos al verano

Según el último informe del Banco Mundial titulado “Impactos de las crisis climáticas en la pobreza y la macroeconomía en la Argentina”, el país está siendo castigado por el cambio climático, en proporciones mayores a las que se presupone. El reporte revela que por inundaciones hay pérdidas anuales promedio de activos de entre 500 millones y 1.400 millones de dólares, lo que arroja un promedio de 1.000 millones de pérdidas por año. El informe también advierte que estas pérdidas podrían aumentar hasta el 125% debido al cambio climático.

La Argentina está saliendo de una sequía que batió varios récords históricos, que provocaron caídas millonarias en los ingresos que percibe el fisco a partir de la producción agropecuaria, pero ahora con el advenimiento del período estival el proceso se invertiría.

“Surge del reporte una conclusión inevitable: enfrentar el cambio climático no es un desafío de largo plazo, sino una medida urgente ante el impacto fiscal, el crecimiento perdido, y los costos a los hogares más vulnerables que ya ocurren y son sustanciales ”, sostuvo Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay y agregó: “las inundaciones han sido las responsables de provocar pérdidas económicas por unos 22.500 millones de dólares desde 1980, así como del 58 % de todas las pérdidas económicas causadas por desastres naturales entre 1966 y 2015”.

Más allá de las frías cifras macroeconómicas, los especialistas advierten que los eventos climáticos impactan directamente en las personas. Informan que cada año, a consecuencia de las inundaciones, en promedio, un 0,14 % de la población argentina cae en la pobreza, y en algunas provincias este impacto puede superar el 1,5% de sus habitantes después de inundaciones importantes. Esto significa que los ciudadanos no pueden mantener el poder de compra de sus ingresos. Tucumán no figura entre las provincias más afectadas por la sequía en su agricultura, pero sí en la otra vuelta del péndulo: las crecidas de verano.

Las poblaciones con poco acceso a servicios públicos o que reciben asistencia social soportan una carga desproporcionadamente grande de las pérdidas de bienestar provocadas por inundaciones. Por ejemplo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo experimentan un 40% menos de pérdidas de activos que la población general, pero pérdidas de bienestar un 25% más altas, según este reporte internacional.

Es prioritario que la provincia avance con obras para el control de crecidas, sobre todo en la zona sur que es la más afectada, y antes que comience el período de lluvias, cuando ya poco puede hacerse.

Es un problema que parece no tener una solución definitiva y que castiga justamente a las poblaciones más vulnerables. La sistematización de ríos y canales de riego debería estar entre las prioridades en materia de obras públicas, no sólo para evitar anegamientos catastróficos, sino también para reaprovechar ese excedente de agua, tanto para consumo humano, generación de energía y abastecimiento para el sector industrial y agrícola.