Pasado, presente y futuro de la realidad policial

La usina de rumores debería detenerse durante 20 días. En el área de Seguridad no habría cambios importantes en los primeros meses de la gestión de Osvaldo Jaldo. Con este panorama, es muy probable que haya un freno en las denuncias que realizan personas con perfiles falsos en las redes sociales para perjudicar a algún comisario, las llamadas telefónicas para transmitir buenas y malas noticias y las amenazas de presentar videos comprometedores. En esta historia hay una sola realidad: los ansiosos deberán tomar té de tilo durante las próximas semanas.

En estos días la única duda que existe es saber si el futuro gobernador mantendrá el Ministerio de Seguridad o si le bajará el rango a Secretaría. Pocos apuestan al achique en esta área del PE por una sola razón: este es un tema que aparece como prioridad en la agenda del dirigente tranqueño. Lo que sí está claro es que Eugenio Agüero Gamboa seguirá al frente de la cartera. “Él fue uno de sus principales impulsores y está conforme con la tarea que está realizando. Eso sí: ahora tendrá más protagonismo porque con (Juan) Manzur no lo tuvo”, indicó un allegado al vicegobernador.

“Antes de tomar cualquier decisión voy a tener en cuenta los resultados de todas las áreas de la Policía”, señaló Jaldo. Los números que muestran los miembros de la plana mayor no son buenos. Los índices de denuncias en las comisarías, como la inflación, no paran de crecer. Hasta junio, el promedio mensual era del 7%, en julio fue del 9% y en agosto y en septiembre superó el 10%. “Planchita” es el término que acuñó el ex jefe de Policía Jorge Racedo en el juicio de la sedición policial que derivó en los saqueos de diciembre de 2013. Lo utilizó para referirse al relajamiento de algunos miembros de la fuerza que no cumplían con su tarea para sacar provecho de la situación y terminar mejor posicionados. “El vicegobernador antes de definir quién se irá, analizará quién está abajo”, añadió una fuente del área de Seguridad.

¿Interna?

Según las estadísticas a las que accedió el autor de esta columna, en lo que va del año se hicieron 26.297 denuncias de todo tipo de delitos, son 97 por día, cuatro por hora y una cada 15 minutos. Operativamente la fuerza está dividida en cinco secciones. Sólo en una de ellas hubo disminución. Los datos son los siguientes: Unidad Regional Capital +17%, Unidad Regional Norte -6,35%, Unidad Regional Sur +5,68%, Unidad Regional Oeste +5,68% y Unidad Regional Este +8,76%.

Esos guarismos generaron preocupación en las filas de la fuerza. Pocos les preguntaron a las autoridades de la Regional Norte cuál había sido la fórmula que aplicaron para lograr disminuir el número de presentaciones de vecinos que sufrieron algún delito. Sí se encargaron de difundir que habían conseguido esas estadísticas porque habían ordenado no tomar denuncias para demostrar que estaban haciendo bien las cosas. Algo similar ocurrió en la ex Brigada. Como no ocurría desde hace muchos años, no hay denuncia en Tribunales en contra de los integrantes de esta división de la fuerza, pero ahora, desde las mismas filas, intentaron perjudicar sin razón alguna en el caso de la joven que dijo que miembros de la fuerza le habían sustraído los nueve kilos de cocaína que trasladó para un narco.

Esos movimientos tienen un nombre: interna. En este caso tiene un solo origen: la lucha por ascender y ganar poder dentro de la fuerza. Ese fue el principal motivo por el que Jaldo envió un mensaje a todo el mundo azul. Nadie tiene el puesto asegurado, pero tampoco nadie ascenderá si es que no hacen bien los deberes.

Un récord

Quiso la mora judicial y el destino que un 2 de octubre de 2023 sean 59 los policías que sean juzgados en tres debates diferentes. Pero preocupa más que más de la mitad de los acusados siguen prestando servicios en la fuerza y los otros, se ganan la vida trabajando en empresas de seguridad privada o realizando custodias particulares en comercios de la provincia. A ese número se le debería agregar los dos policías condenados recientemente por el crimen de Facundo Ferreira con un fallo polémico que la Corte Suprema de Justicia deberá convalidar o anular por segunda vez.

Son 43 los imputados por el juicio de sedición, dos por la muerte de un joven que estaba detenido y ayer se sumaron los 14 efectivos acusados del doble crimen de los productores de Tafí del Valle registrado en enero de 2017. Esta avalancha de debates orales obligó al Poder Judicial a tomar una medida poco común: pedir prestada la sala al Tribunal Oral Federal para poder desarrollar el debate del doble homicidio porque no tenían lugar para hacerlo.

No existen, o por lo menos no fueron difundidas, las estadísticas de los policías que fueron procesados por diferentes delitos cometidos en los últimos tiempos. Haciendo un amplio recorrido por los casos conocidos, se puede decir que hay más de una veintena de uniformados acusados de robos, femicidios, secuestros extorsivos y comercialización de drogas. Recientemente, en una medida que no tiene antecedente, un oficial fue procesado por no haberle tomado la denuncia por violencia de género a Noelia Sosa, la joven que por no haber sido escuchada terminó quitándose la vida en Trancas. Hay algunos que afrontan dos procesos penales al mismo tiempo. El más concreto es Richard Nadal, uno de los juzgados por la sedición policial que fue detenido por facilitar pistas de aterrizajes y brindar protección a una organización narco cuando prestaba servicios en la fuerza.