Ejemplos de malos manejos oficiales de los precios

Como si faltaran pruebas, la semana pasada ofreció otro ejemplo de los fracasos de la manipulación de mercados, así como de la mala fe de los gobernantes. Ocurrió con el faltante de combustible, que el ministro-candidato Sergio Massa adjudicó a especulaciones políticas y que estaría en vías de solución tras sus amenazas a los empresarios.

Pero no ocurrió así. Los mayores responsables fueron YPF y el Banco Central. La empresa, de participación dominante en el mercado, suspendió la refinación en dos de sus plantas por tareas de mantenimiento y para suplir el faltante contrató la provisión de combustible importado.

Sin embargo, como Argentina no es confiable se requería pago inmediato y el Central no habilitó los dólares para hacerlo. Esto es, las decisiones de dos agentes estatales desabastecieron el país. No quiere decir que no haya habido especulación privada, sino que claramente cualquier resultado negativo por ella hubiera sido menor sin aquellos actores.

En cuanto a las amenazas de Massa, había puesto la medianoche del martes 31 como plazo límite para normalizar… justo cuando vencía el anterior acuerdo de precios con las firmas. O sea que con o sin bravatas iba a haber un nuevo arreglo. Por supuesto, con aumentos de precios, estando entre los mayores los de YPF (aunque sin solucionar los atrasos).

De paso, el ministro dijo que algunos empresarios pidieron que se autorice incluso 40 por ciento de suba pero que él puso techo a esos reclamos. Cierto o no, hace recordar a cuando dijo que el FMI pidió cien por cien de revaluación del dólar para después de las Paso y que gracias a él sólo fue de 22 por ciento.

Por supuesto, en el Fondo negaron esa versión y debe tenerse en cuenta que 22 por ciento era precisamente la suba necesaria para que el tipo de cambio real volviera a sus valores de diciembre de 2019.

En ese entonces la brecha blue-oficial rondaba el cien por cien y el Fondo siempre pide unificar mercados, por lo que es posible que Massa jugara con eso para hacer creíbles sus dichos, pero es claro que la unificación no se logra duplicando el precio del dólar oficial mientras se mantienen los esquemas de cepos y cotizaciones diferenciales. Incrementar el precio oficial sin cambiar nada más sólo lleva hacia arriba el resto de los precios de la divisa.

Adenda: si la inflación de octubre fuera diez por ciento la nueva revaluación oficial necesaria ya sería de 39 por ciento. Y ocurrirá, mayor cuanto más tarde, diga lo que diga el ministro.

Otro punto interesante tiene que ver con los impuestos. Tanto con los combustibles como con el programa Precios Justos a las empresas se les cobran menos tributos con tal de que no suban los precios como quisieran. La pregunta que surge de inmediato es que si bajar los impuestos ayuda a moderar los precios ¿por qué no hacerlo como política permanente y no como algo circunstancial, lo que levanta dudas sobre la connivencia entre gobierno y empresas o sobre la posibilidad de usar la política económica como herramienta de presión?

Al margen, es una duda similar a la que aparece cuando se pretenden reprimir algunos movimientos de mercado amenazando con mandar inspecciones de la Afip. ¿Acaso las inspecciones y el cumplimiento tributario no deberían ser independientes del alineamiento con los objetivos del gobierno?

Por supuesto que no es tan fácil como sólo bajar algunos impuestos. Con menores gravámenes y el mismo gasto público habría más emisión, con lo que la inflación no disminuiría. En todo caso sería mayor pero partiendo de niveles absolutos menores.

Dos aspectos más. Uno, la creencia de que la represión ayuda a frenar la inflación. Pero no funciona. Hay, literalmente, miles de años de experiencia que así lo muestran. Es sencillo. Nadie realiza actividad económica para perder. Y mientras haya competencia y juego limpio toda ganancia es legítima. ¿A qué nivel? No importa. Si se cree que en algún sector se gana más que en otros los recursos irán allí y la mayor oferta resultante bajará las tasas de ganancias hasta que dejen de parecer extraordinarias para quienes tienen sus recursos aplicados a otros usos.

Esa ganancia es la que cada uno cree como conveniente dadas sus restricciones y su proyecto de vida. Si el gobierno interfiere con ella el primer resultado será esquivar las medidas oficiales y el segundo cesar la actividad. Es lo que resume la frase tan usada en economía y que los políticos nunca entienden: se ajusta por precios o por cantidad. Por eso si hay precios regulados pero los costos siguen subiendo y el gobierno no permite que se intente reflejarlos en mayores precios finales aparece el desabastecimiento.

No es mala voluntad, conspiración contra los gobernantes u otras explicaciones falaces. Simplemente las empresas no son fachadas para caridad encubierta. Están para ganar dinero y no permitirlo causa más daño que bien.

El otro son las consecuencias inflacionarias de estos controles. Primero porque la represión, además de provocar distorsiones de precios relativos, termina en una explosión que hace saltar el IPC. Y segundo porque cuando para mantenerla hay que subsidiar eso significa más déficit y más emisión de dinero. Véase, por tomar un año completo, 2022. Los subsidios para abaratar el acceso a los servicios públicos representaron un 2,6 por ciento del Producto Interno Bruto mientras que el déficit primario rondó 2,4 por ciento. Para 2023 el acuerdo con el FMI prevé un déficit de 1,9 por ciento del PIB (que difícilmente se alcance) mientras los montos por subsidios económicos subieron menos que la inflación por lo que no se rompería la relación mostrada.

Esto es, la reducción de subsidios es un camino lógico para frenar la inflación. Sí, algunos tienen justificación económica, pero su mala administración recae sobre los mismos supuestos beneficiados, por inflación o por desabastecimiento. Cómo salir de esa trampa será una tarea difícil pero esencial del próximo gobierno.