¿Cuán complejo le resultaría a Milei privatizar YPF?

Javier Milei anunció su intención de privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales luego de un período para recomponer la situación de negocios de la empresa. Pero fueran cuales fueran el método y las personas para tal recomposición conviene tener en cuenta un par de detalles legales con respecto al objetivo último.

El primero es que según la ley 26.741, de mayo de 2012, las acciones expropiadas a Repsol YPF SA y Repsol YPF Gas SA (y controlantes y controladas en forma directa o indirecta) no pueden ser vendidas si no es con la autorización de dos tercios de los miembros de cada cámara del Congreso de la Nación. Sin embargo, tal cláusula no está en la Constitución Nacional y la ley mencionada es una que no requiere mayorías especiales para ser derogada o modificada. Esto abre dos caminos. Uno implica la discusión de si es posible que el Congreso se restrinja a sí mismo creando mayorías especiales para sus actos. Una posición sería que no, pues quita poder a los miembros futuros del Congreso cuando los límites formales a su acción deberían provenir sólo de la Constitución. Si en el Poder Ejecutivo prevalece esta postura la vía judicial (como actor o tras ser demandado) sería el camino inicial o la respuesta al intento de privatización. El segundo camino es a través del mismo Poder Legislativo. Según lo que se pretenda habría que lograr por mayoría común (la absoluta sobre los presentes, salvo que se autoricen abstenciones) la modificación de la 26.741 y a continuación buscar la autorización de la venta, o bien por esa misma mayoría derogar la ley de expropiación y luego buscar la aprobación de otra norma con las pautas y autorizaciones para la privatización.

El otro detalle es que, por la ley 26.741, el 51 por ciento de las acciones expropiadas pertenecen al Estado nacional y el 49 por ciento a las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, esto es, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces, el gobierno nacional no sólo deberá negociar con bloques partidarios en general sino también con provincias en particular pues sus intereses estarán involucrados de manera directa.

Un camino largo y sinuoso, como puede preverse para cualquier iniciativa del próximo gobierno dada la distribución de bancas.