Un decreto con acuerdo de ministros. Un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y dos decretos simples. Así se instrumentó oficialmente el recorte del gasto político anunciado este martes por el gobernador Osvaldo Jaldo, así como las medidas de tinte impositivo. “No hay vuelta atrás”, reafirmó el mandatario al ordenar la instrumentación del plan de austeridad fiscal con el que el Poder Ejecutivo pretende recortar unos $ 220.000 millones al Presupuesto 2024 respecto del que giró anteriormente el ex gobernador Juan Manzur. Según pudo establecer LA GACETA la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) fue decidida a través del decreto acuerdo, tal como se lo puso en práctica en 2021 como una medida que intentaba compensar la caída el empleo por la pandemia de la Covid y la necesidad de amparar a unos 7.500 beneficiarios. El sistema se mantuvo hasta ahora y puede llegar a generar un ahorro por un monto que supera los $ 3.000 millones mensuales. Jaldo, no obstante, reiteró que se analizarán algunos casos que merecen la continuidad de la cobertura estatal.
El DNU está relacionado con la suspensión de las ejecuciones fiscales por parte de la Dirección General de Rentas, con el fin de que los contribuyentes deudores se pongan al día o asuman el compromiso de saldarlo para evitar embargos.
Los otros dos decretos, que sólo son firmados por el gobernador y por un ministro del área afectada, corresponden a la eliminación de las adscripciones y a la baja de los contratos realizados entre el 1 de septiembre y el 29 de octubre pasado, durante la gestión de Manzur. Todas estas decisiones entrarán en vigencia el primer día de diciembre.
La reestructuración del organigrama del Poder Ejecutivo implicará un ahorro anual de unos $ 3.960 millones, de acuerdo con lo proyectado por el Ministerio de Economía. Esa estructura disminuyó de las 259 dependencias existentes hasta la gestión anterior a 219 áreas, con el recorte de 40 reparticiones. Hay una fusión de ministerios (Educación con Desarrollo Productivo), 21 subsecretarías menos, 10 secretarías que desaparecieron del mapa de conducción institucional y nueve direcciones de la administración centralizada.
El plan de austeridad instrumentado por Jaldo era una necesidad frente al panorama que se le presenta a Tucumán que dejará de ser oficialista a nivel nacional con la llegada del libertario Javier Milei a la Presidencia de la Nación. Las provincias del Norte Grande y también las de la Patagonia reclamaron, a través de sendos documentos, la compensación de partidas por la devolución del IVA y por la eliminación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría de trabajadores. Ayer, en Buenos Aires, se confirmó que esta última medida, implicará una reducción de los ingresos de coparticipación de unos $62.000 millones durante todo 2024. El ministro de Economía, que hoy viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había estimado una pérdida de ingresos coparticipables del orden de los $78.000 millones por ambas decisiones adoptadas por el actual titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, durante la campaña presidencial. La inquietud es mayor porque, según trascendió, el Gobierno nacional no enviará más fondos que las transferencias automáticas en el marco de la transición hasta la entrega de mandato por parte del presidente Alberto Fernández al economista y líder de La Libertad Avanza, que se impuso en el balotaje.