El bussismo impulsa una ley de ética pública para los funcionarios provinciales

Bussi y Verón Guerra presentaron un proyecto para adaptar la norma nacional a los agentes estatales de Tucumán.

LEGISLADOR. Ricardo Bussi, en los estudios de LG Play. LEGISLADOR. Ricardo Bussi, en los estudios de LG Play.
04 Diciembre 2023

El bussismo impulsa la sanción de una ley de ética en la función pública para Tucumán, similar a la norma que rige a nivel nacional. El texto tiene como objeto principal que haya un adecuado control patrimonial del Estado y prevé sanciones para los funcionarios que cometan alguna infracción.

El proyecto establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

“En los tiempos actuales, donde la ciudadanía nos reclama trasparencia y austeridad, debe ponerse sobre la mesa un sistema de control que garantice el cumplimiento de estos dos principios rectores a todo aquel que ejerza la función pública en nuestra provincia con una jerarquía superior, como es el presente”, plantearon en la iniciativa lo legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra.

“Los legisladores, como caja de resonancia del pueblo, debemos atender al pedido de la ciudadanía respecto de eliminar toda sensación de lejanía entre la clase política y el resto de la población. La mejor manera de iniciar este camino es con la posibilidad de fiscalizar el comportamiento ético, como la trasparencia y publicidad del patrimonio de los funcionarios jerárquicos de la provincia”, añadieron los representantes de Fuerza Republicana en el recinto.

El proyecto adapta la ley nacional N° 25.188 sobre “Ética en el ejercicio de la función pública”. Entre otras cuestiones, se establece como órgano de control en cuanto a lo patrimonial al Tribunal de Ética de la Provincia, en sintonía con lo establecido por la  Constitución Provincial respecto de su función de fiscalización y control del patrimonio Estatal.

“En el sentido de los incumplimientos a los deberes éticos por parte de los sujetos alcanzados, se crea una comisión ad-hoc y ad-honorem que estará conformada por igual cantidad de miembro de cada uno de los poderes del Estado y dos miembros en representación de los ciudadanos, quienes deberán actuar tanto por pedido efectuado mediante denuncia como de oficio”, se plantea. “Asimismo se incorpora a los Estatutos y/o Reglamentos que regulan los procedimientos de sanción y/o remoción de los sujetos alcanzados por la presente las causales de violación a los principios de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana conforme se dispone en la presente ley”, se añade.

En el articulado se detallan todas las incompatibilidades, como la prohibición de recibir obsequios o donaciones.

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