La comisión bicameral de 1984: “El cemento no pudo ocultar la historia”

Apenas restablecida la democracia, las profundas heridas que había dejado el terrorismo de Estado comenzaron a ser expuestas con las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la desaparición de personas. El presidente Raúl Alfonsín encargó la investigación a una comisión de notables, presidida por Ernesto Sabato y se creó la Conadep, que daría el informe “Nunca más”. En Tucumán el gobernador Fernando Riera pidió la creación de una Comisión Bicameral que recogería denuncias y testimonios que habían sido soslayados por la Justicia. En ambas investigaciones se da cuenta de que a nuestra provincia –en la que había calado hondo el eslogan de la dictadura “Tucumán, cuna de la Independencia, sepulcro de la subversión”- le había tocado el triste privilegio de haber sido campo de ensayo un año antes del golpe de Estado y de haber inaugurado “la ‘institución’ centro clandestino de detención”, como se señala en ese informe. “Riera fue muy receptivo, la propició y se sancionó la ley 5.599 en febrero del 84. Se pensó que a través de ese contacto directo se podía llegar a esclarecer toda esa etapa oscura del terrorismo de Estado”, dijo la abogada Liliana Vitar, que fue convocada como asesora, junto a Alicia Noli, para llevar adelante el trabajo de investigación.

“Salud moral”

Según el historiador Rubén Kotler, la diferencia con la tarea de la Conadep –a la cual se enviaron los resultados de lo recogido en Tucumán- fue que en nuestra provincia “el Estado se hacía cargo de la responsabilidad de poner una luz de esclarecimiento sobre un pasado que lo involucraba directamente”. “Cuando nosotras comenzamos no sabíamos bien cómo empezar la investigación porque en este caso es un derecho penal tan especial –añadió Vitar-. Emilio Mignone, presidente del CELS, de que la comisión significaba la salud moral del pueblo, en el sentido de que iba a esclarecer la verdad de lo ocurrido”.

“La Bicameral comienza con mucha fuerza; había salido por diputados y senadores en una provincia que había sido campo de las prácticas represivas que comienzan en 1975 con el Operativo Independencia. Y la comisión recoge muchas denuncias de ese año 75. Don Fernando, claramente, en una frase muy sencilla, nos dio a entender que el aparato represivo seguía intacto y que de la noche a la mañana esto no iba a desaparecer”. Vitar contó que “en la comisión había dos empleados que ponían alma y vida y corazón. Nosotros les hicimos una guía de todo lo que tenían que preguntar y realmente las denuncias son muy pormenorizadas en el sentido de qué habían visto, qué autos, cuántas personas, si eran personal policial, si era fuerza militar… todos los detalles, la hora… normalmente siempre ha sido de noche salvo alumnos universitarios que los sacaban de la facultad, pero a la mayoría los sacaban de su casa”.

El informe da cuenta de 507 secuestros, con un listado provisorio de 387 desaparecidos, entre 1974 y 1983. Tiene una introducción política que analiza que “la violencia irracional de los años 70 está lejos de haber surgido de un proceso de generación espontánea”, sino que “tiene profundas raíces históricas y siempre estuvo íntimamente ligada a los conflictos económicos sociales y políticos del país”, entre los que señala la profunda crisis social y económica que produjo el cierre de ingenios en 1966, durante la dictadura de Onganía. Además se advierte que con la inestabilidad política institucional que da lugar a efervescencia social expresada en protestas de obreros y estudiantes se dan también el fenómeno de la guerrilla y el creciente autoritarismo, como se ve en la “Noche de los bastones largos”. También da cuenta de que el general Acdel Vilas, jefe del Operativo Independencia, había dicho en 1975 que la guerrilla había sido derrotada en Tucumán y sin embargo el número de víctimas del terrorismo se incrementó significativamente a partir de esa fecha.

Testimonios del horror

Tras la introducción hay 10 anexos; se exponen los sitios de detención (33 centros clandestinos), la metodología represiva, la forma de las detenciones y los secuestros, las torturas y los vejámenes, los datos de víctimas y victimarios –el represor más nombrado fue el ex jefe de Policía Roberto “El Tuerto” Albornoz- y se da cuenta de las historias de personas como el estudiante Juan Carreras, recordado hace pocos días en un homenaje de la UNT en el teatro Alberdi, secuestrado en septiembre de 1976 por un grupo armado durante un examen en la Facultad de Bioquímica, y visto después en el Arsenal. Sus restos fueron identificados 40 años después, en 2016, en el Pozo de Vargas.

Los relatos de las vejaciones, como la práctica del “pozo” (enterrar y apisonar a una persona dejando sólo la cabeza afuera) estremecen. “Es muy completo el informe. Recibimos en la Bicameral y también en el interior porque nos trasladábamos a los Concejos Deliberantes de los distintos departamentos y recibíamos también ahí las denuncias. Nos trasladamos a la penitenciaría de Villa Urquiza, donde observamos los libros; también se investigaron los libros de la policía provincial”. La comisión funcionó todo el 84 “y en abril del 85 presenta su informe; quizás si se hubiese prolongado en el tiempo hubiese recogido más denuncias porque el tiempo demostró que las denuncias no eran el número real porque mucha gente no se acercó; porque se salía del terrorismo de Estado; porque había mucha gente del interior que ni se había enterado de la Comisión Bicameral. O sea, por un lado, esa lectura. Pero tampoco podíamos demorarnos porque había que mandar esto a la justicia”. Muchas personas luego darían testimonios en los procesos orales que se sustanciaron décadas después (ahora se está llevando a cabo la megacausa número 15 en Tucumán).

“Las lobas”

Las denuncias habían sido presentadas por los familiares y por la gente liberada en las Justicias provincial y federal, que se declararon incompetentes y mandaron todo al Consejo de las Fuerzas Armadas, lo cual fue frustrante, dijo. “El Consejo Supremo no hace nada y en el 87 las manda a la Cámara Federal”. Después llegaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que paralizaron todo hasta 2003, cuando las anularon y se reflotaron los juicios. “Con Alicia Noli y Laura Figueroa éramos de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos, que había sido creada en diciembre de 1983. Comenzamos siendo 22 y terminamos tres. Acompañábamos a los familiares al Consejo Supremo en la avenida Sarmiento porque no los dejaban entrar o entraban y eran intimidados para que levantasen la denuncia; por supuesto que la fuerza de los familiares era inquebrantable”. “¿Qué hicimos nosotros? Con todos los legajos de la Bicameral vimos causa por causa. Fue una construcción que si bien fue sin computadoras la hicimos ‘aullando’, porque así nos llamó (Antonio) Bussi, ‘las lobas’, no sé si con el sentido patriarcal de llamar a las mujeres con los nombres de animales. Realmente fue un discurso de odio que hoy también se replica”.

El informe de la Bicameral -integrada por los diputados provinciales Alejandro Sangenis y Arturo Sassi y los senadores provinciales Carlos Meschwitz y Armando Baunaly, fue enviado a la Conadep. No vio la luz pública sino hasta 1991, cuando por gestiones de Fernando Rovetta y Atilio Castagnaro en Madrid, con fondos aportados por una organización vinculada a Cáritas de Suecia, se imprimieron 1.000 ejemplares, con un anexo sobre la investigación de desapariciones en la UNT. “Yo creo que su trascendencia mayor fue que durante la tramitación de los juicios los legajos sirvieron muchísimo para los procesos y las condenas a los represores, porque quedaba muy claro el plan sistemático de desapariciones”.

Y concluyó: “En la unidad penitenciaria nos entrevistamos con un detenido de apellido Jofré. Entonces nos dijo que la historia era una rueda y al día de hoy digo ¡Qué razón tenía, visto hoy, en 2023 con las teorías negacionistas que cuestionan las cifras!” No obstante, advirtió que la investigación y los casos como el de Adriana Mitrovich –secuestrada en 1977 y cuyos restos serían hallados en 2012 como NN en el cementerio de Tacanas- “terminaron corroborándose la denuncia con el hallazgo de los cuerpos y la identificación que ocurrió mucho tiempo después. O sea, el cemento no pudo ocultar la historia”.