15 Diciembre 2023
VOTANTES. Más de 15 millones de electores válidos se registraron para el Plebiscito del domingo.
SANTIAGO, Chile.- Millones de chilenos se enfrentarán a un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva propuesta constitucional. El país lleva cuatro años intentando cambiar su Carta Magna, desde que se planteó como forma de resolver las tensiones del estallido que comenzó en octubre de 2019.
En octubre de 2020 más de un 80% de los chilenos se mostró a favor de reemplazar su Constitución, el primer intento, liderado por independientes y sectores de izquierda, fracasó, cuando un 62% votó “rechazo” con cuestionamientos al texto presentado y al desempeño de la convención que lo escribió.
Esta vez, la propuesta fue elaborada por un consejo integrado en su mayoría por referentes conservadores o de derecha. El Partido Republicano -organización de ultra derecha del ex candidato presidencial José Antonio Kast- es el de mayor representación.
Los principales contenidos de este nuevo texto, las diferencias con la Constitución actual y con la primera propuesta pueden resumirse en nueve puntos, según un resumen que hizo BBC Mundo: derechos sociales (salud, educación y pensiones), sistema político y poder legislativo, derechos de los pueblos originarios, paridad de género, aborto y objeción de conciencia, vivienda, medio ambiente, inmigrantes y derecho al agua.
El acceso a salud, educación y pensiones fue el principal reclamo hecho por los millones de chilenos que participaron en las manifestaciones de 2019, en rechazo a un modelo económico que no cumplía con los estándares de una sociedad “justa”.
Los críticos señalan que la Constitución vigente consolidaba un papel débil del Estado en la provisión de estos servicios, y que dejarlos en manos de privados generó una desigualdad estructural en el país.
Esta propuesta privilegia un sistema mixto. En salud, dice que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas”. En Educación, se enfatiza el derecho de padres o tutores sobre la educación de los niños. Se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas. En Pensiones, dice que el Estado garantizará “el acceso a prestaciones básicas y uniformes”, a través de instituciones públicas o privadas, y que la ley podrá establecer “cotizaciones obligatorias”. Quienes llaman a votar “en contra” dicen que el texto consolida el modelo de capitalización individual.
En cuanto al marco institucional, los expertos coinciden en que lo estipulado en la propuesta es similar a lo que establece la Carta Magna vigente, aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Quienes llaman a votar “a favor” consideran que ayuda a fomentar un Congreso de mayorías, evitando la fragmentación del poder Legislativo. Los que votan “en contra” afirman que podría disminuir la representatividad y afectar la calidad de la democracia.
A diferencia de la Constitución vigente, la nueva “reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos”. Quienes se oponen dicen que faltan mecanismos para asegurar su participación política, que sí estaban en la anterior propuesta.
Uno de los temas más polémicos durante el reciente debate constitucional fue la paridad de género, respecto a cómo garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política.
Esta demanda, creciente en Chile, era parte central de la primera propuesta que definía al país como una “democracia paritaria”.
El nuevo texto incluye la paridad de entrada (que se asegure la presentación de candidaturas tanto de mujeres como de hombres), pero no asegura la de salida, que garantiza la obtención de los puestos de manera equilibrada.
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