Piden decomiso millonario de bienes del fallecido Rubén Ale

Quieren que sean destinados a la lucha contra la trata y explotación de personas.

Rubén “La Chancha” Ale Rubén “La Chancha” Ale

El Tribunal Oral Federal de Tucumán podría ordenar el decomiso de 10 inmuebles, 17 vehúculos y dos embarcaciones que pertenecían al fallecido Rubén Eduardo “La Chancha” Ale, si prospera un pedido que realizaron el responsable de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, Pablo Camuña y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), Carmen Chena. El objetivo es que sean puestos a disposición del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, de acuerdo a la ley 27.508.

En diciembre de 2017, el TOF de nuestra provincia, integrado por la jueza Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo Batule, condenó a Ale a 10 años de prisión con una multa de ocho millones de pesos por ser autor del delito de “lavado de dinero de origen ilícito -proveniente de los delitos de usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de estupefacientes-, asociación ilícita en carácter de jefe”. 

Además, la sentencia ordenaba el decomiso de los bienes de Ale, de su hermano Ángel “El mono”, condenado a la misma pena, y las demás personas sentenciadas: María Jesús Rivero (seis años); Fabián González y Carlos Ocampo (siete años), Víctor Suárez y César Manca (seis años): Enrique Chanampa, José Lucero y Ernesto Catulo (cuatro años); Valeria Bestán, Julia Esther Picone y María Florencia Cuño (tres años).

En junio pasado, y antes de que el fallo quedara firme, Ale falleció. Por ese motivo, el fiscal Camuña y la titular de la DGRADB solicitaron el decomiso sin condena de los bienes del hombre y, una vez efectivizado, su sobreseimiento por extinción de la acción penal por fallecimiento.

Según un informe de la página fiscales.gob.ar, en su presentación, Camuña y Chena indicaron que “la sentencia que dispone el decomiso sin condena de un bien por tener aquel origen ilícito es meramente declarativa, aquél que aparecía como titular del derecho de propiedad jamás lo fue pues su titularidad estaba viciada desde el principio”. 

“El dominio no se pierde como consecuencia de una sentencia judicial, sino como corolario de la concurrencia de alguna de las causales previstas para ese efecto. La sentencia simplemente declara el acaecimiento de la causal, y ordena el paso de la titularidad de los bienes al Estado, sin contraprestación alguna”, dijeron.

Además, indicaron que en relación a la comprobación del origen ilícito de los bienes como requisito para la procedencia del decomiso sin condena, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal se expresó en el precedente “Heffner”. Allí se sostuvo que “el procesamiento firme en las actuaciones brinda un grado de verosimilitud o probabilidad suficiente que, a su vez, en el caso se ve reforzado con el detallado análisis de la prueba y de los bienes que realizó la jueza federal”. El y la representante del Ministerio Público Fiscal consideraron entonces que, dado que el TOF condenó a Ale, el origen ilícito de los bienes se encuentra acreditado holgadamente, aunque no se encuentre firme la condena.

Finalmente, con relación al destino de los bienes decomisados, Camuña y Chena solicitaron que sean puestos a disposición del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas (ley 27.508). 

En ese sentido, marcaron que los activos de origen ilícitos que fueron introducidos en el mercado de curso legal de forma paulatina a lo largo de los años fueron generados de los delitos de trata y explotación económica de la prostitución, actividades orquestadas por el fallecido Ale y por su hermano al menos desde 2001.

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