Los detalles desconocidos de la sedición policial

El histórico juicio por la sedición policial que derivó en los saqueos de 2013 entró en receso. En tres meses de audiencias se escucharon versiones y explicaciones sobre lo que sucedió entre el 8 y el 13 de diciembre de ese año. Más de cuarenta acusados escuchan en silencio las diferentes versiones y teorías acusatorias y exculpatorias. Lo único cierto es que ya fueron identificados los cabecillas del grupo que generó caos en gran parte de la provincia.

El fiscal Daniel Marrancino, asistido por los auxiliares Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño y los querellantes José María Molina y Santiago Xamena, lograron demostrar cómo actuaron los acusados durante esos días y quiénes eran los cabecillas. Pero van por más: intentarán probar que los huelguistas actuaron con un plan bien determinado. Las defensas, en cambio, sostienen que no hubo ninguna sedición, sino una protesta por cuestiones salariales. Ante el tribunal integrado por Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, también se planteó una línea política, pero fue perdiendo fuerza con el correr de las audiencias. 

En el debate no quedaron dudas de que fueron tres los cabecillas de la huelga. Pero sólo está siendo juzgado Luis Alberto Herrera, ya que Miguel Ángel Toledo y Ángel Chaile fallecieron antes de que comenzara el debate. Según la teoría, los tres buscaban ser reincorporados a la fuerza por haber sido cesanteados luego de haber intentado realizar otra protesta. También habrían tenido una activa participación Antonio Federico Castro, Néstor Raúl Salinas, Walter Alejandro Gramajo y Diego Darío Urquiza, entre otros.

Un plan

“Vamos a demostrar que hubo un plan establecido y un modus operandi que se sostuvo desde el 8 de diciembre y por lo menos hasta el 10”, sostuvo durante el debate el querellante Molina. “Es muy importante saber cuál fue el mecanismo utilizado por los acusados”, añadió.

Según lo que se escuchó en la audiencia, el domingo 8, los sediciosos se reunieron en una sede que pertenecía a Stella Maris Córdoba y que estaba ubicada al frente del estadio de All Boys. De allí se dirigieron hacia la Subjefatura de Policía con un solo objetivo en mente: neutralizar la base del Servicio 911 que en esos momentos era el corazón de la prevención en toda la provincia. Lo hicieron ubicándose en la entrada para impedir el egreso e ingreso de los efectivos. Como no lograron paralizar totalmente fueron por más.

El primer paso fue tomar las oficinas donde funcionaba el centro de monitoreo. “No sólo irrumpieron en las oficinas encapuchados, con armas de fuego, amenazando e incitando a otros a sumarse a la protesta, sino que ‘corrieron’ de sus lugares de trabajo a quienes recibían las llamadas, a quienes derivaban a los móviles y a quienes controlaban las cámaras, quedando la oficina sin funcionamiento y, por ende, a una sociedad totalmente desprotegida, ya que no podía darles respuestas”, consideró Molina.

En su testimonio, el ex comisario Leandro Herrera declaró que un grupo había ingresado a las oficinas donde funcionaba el centro de monitoreo para exigir que el personal (en su mayoría mujeres embarazadas y hombres con algún problema de salud) abandonara el lugar. “Ordené que se apagaran las máquinas sin recibir ningún pedido de un superior. Este paso no significaba que el servicio quedó interrumpido totalmente”, explicó.

Una cacería

Ese dato fue cobrando fuerza con el correr de las audiencias. Los revoltosos no desconocían ese detalle y por eso tomaron una decisión más extrema: ir a la caza de los móviles que estaban prestando servicio con normalidad. Según los testimonios de Jorge Maestu, Héctor Aguilar, Mario Herrera, Federico Roncari y Lucas Ismael Ponce, un grupo de entre 50 y 70 motoristas se desplazaron en forma organizada para sacar de servicio a los móviles que recorrían las calles del Gran San Miguel de Tucumán. Informaron además, que bajo amenazas e insultos y en algunos casos agresiones, obligaban al personal a abandonar los vehículos dejándolos a pie u obligándolos a que condujeran hasta la Subjefatura.

Andrés Ríos relató su experiencia en el debate. “Eran como las 2 del 9 de diciembre. Con mi compañero Mauricio Rivero habíamos recibido la autorización para cargar combustible. Mientras nos dirigíamos a la una estación de servicio, nos interceptó un grupo de personas. Nos amenazaron y avisaron que se llevarían la camioneta con o sin nosotros. Hubo una fuerte discusión y un principio de pelea. Al ser muchos más, nos redujeron. Luego nos colocaron las esposas y nos sentaron en la parte de atrás”, declaró.

En el debate se conoció otro violento e insólito episodio que ocurrió el 9 de diciembre a plena luz del día en avenida Siria y Perú. Ante la gravedad de la situación, los jefes de la fuerza habían ordenado que todos los móviles hicieran recorridos por distintos sectores de la ciudad. Por ese lugar circulaban tres patrulleros, un vehículo de Infantería y la camioneta que era utilizada para trasladar cuerpos que pertenecía a Bomberos. Según los testigos, un grupo que habrían sido policías porque lucían parte del uniforme los atacó. “Nos rodearon por todas partes. Comenzaron a mover los vehículos para volcarlos mientras intentaban abrirnos las puertas. No teníamos escapatoria y tuvimos que rendirnos”, explicaron las personas que vivieron esa situación.

La misma situación vivieron varios motoristas que fueron abordados por sus compañeros. Ramón García estaba cumpliendo con su servicio cuando fue rodeado por personas que se movilizaban en motocicletas particulares. Él relató que lo detuvieron y obligaron a trasladarse hasta la Subjefatura para que dejara de hacer prevención. “Sentí que me habían privado de la libertad. Nos sentíamos muy vulnerables e indefensos porque estábamos obligados a hacer algo que no queríamos. Si no lo hacíamos, nos agredían físicamente. Además de ser vulnerables, teníamos siete meses de antigüedad y no portábamos armas”, declaró.

El juicio se reanudará en febrero y todo parece indicar que terminará antes de lo previsto. En esos días, se conocerán más detalles de ese capítulo negro de la historia de la provincia.

Polémica entre las partes
Los defensores aseguran que no fue una sedición, sino una protesta gremial

“Hasta aquí no se probó que haya habido una sedición, sino una protesta de empleados policiales que buscaban la reincorporación de tres efectivos cesanteados y una mejora salarial”, sostuvo Ernesto Baaclini, defensor de uno de los acusados. “En las audiencias se conocieron detalles de las reuniones que hubo y con las que se demuestra que todo fue por una cuestión gremial. No hubo ningún otro tipo de situación extraña y, mucho menos, liberar la provincia para que se registren los saqueos”, añadió en una entrevista con LA GACETA. “Los saqueos se registraron porque había una grave crisis social y como reflejo de lo que sucedía en todo el país. Sí me parece llamativo la demora del poder político en poner freno al conflicto”, finalizó el profesional.

“Vamos a esperar a ver qué hace el Ministerio Público porque hasta el momento no hay elementos suficientes para sostener la acusación de que estamos ante un caso de sedición”, explicó Julieta Jorrat, defensora de otros de los acusados. “En el juicio quedó claramente establecido que se trató de una protesta que buscaba la caída del jefe de Policía (Jorge) Racedo y eso no se dijo nunca”, añadió. “Hubo personal superior que prefirió volver a sus casas para preservar a su familia y bienes en vez de quedarse a restablecer el orden. Eso está muy claro”, opinó. “Aquí hay una parcialidad manifiesta que busca involucrar a personas que hicieron una protesta para proteger al poder político que no hizo nada para evitar un desastre”, finalizó.

“Las defensas nos dicen que hubo una protesta salarial. Eso sería prácticamente autoincriminarse en una revuelta que no es legal”, sostuvo el querellante José María Molina. “Los policías no pueden impedir la salida de motoristas, raptar móviles e irrumpir y paralizar oficinas, amenazar con armas y golpear para que otros se sumaran a un reclamo en contra de su voluntad”, insistió el representante de la Fiscalía de Estado. “¿Se olvidaron que eran policías? Eran tres o cuatro los cesanteados que pretendían ser reincorporados. ¿Y el resto? Desconocer que hubo gente que forzó por todos los medios un acuerdo y se alzó en armas es absurdo”, finalizó.