La elección entre las gobernaciones inviables y el desarrollo

La elección entre las gobernaciones inviables y el desarrollo

Hay una buena y una mala noticia, aunque ambas sean la misma: el paquete fiscal no se discutió en la ley ómnibus sino que será tratado en otra ocasión. Lo bueno es que por ahora no habrá aumentos de impuestos. Lo malo, para algunos gobernadores, es que deberán hacer ajustes.

El gobierno nacional busca el déficit cero y eso se logra con alguna combinación de incremento de carga fiscal y baja de gastos. Cuanto menos haya de una, más debe haber de la otra. Con respecto a los tributos la promesa nacional es que serán transitorios, pero los antecedentes del país no son favorables. Entre otros, allí está el Impuesto a las Ganancias, nacido en 1932 como Impuesto a los Réditos, aprobado como tributo de emergencia. Como fueron de emergencia el impuesto sobre créditos y débitos bancarios (2001) y el regreso de los derechos de exportación (2002). Aquí siguen.

Además, debe preguntarse, si gracias a los mayores impuestos se consiguiera el equilibrio fiscal y se derrotara la inflación ¿acaso bajarlos no traería nuevo déficit y con ello otra vez inflación? La respuesta es no si en conjunto el resto de las medidas de gobierno, entre desregulación, apertura y fortalecimiento de la seguridad jurídica, hace renacer el crédito y la inversión, la economía vuelve a crecer y se logra superávit fiscal debido a la mayor recaudación por mayor actividad. Entonces podría cumplirse la promesa y reducir los impuestos.

¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuán seguro es que ocurra? Vaya uno a saber. Mejor desconfiar. Porque la historia muestra que los tributos exitosos en recaudación tienen larga vida. De allí que sea mejor que por ahora no haya subas. También, mejor que no se coparticipen más impuestos porque sus defensores ya no serán sólo las autoridades nacionales que hoy los recaudan sino también los gobernadores. Cuantos menos beneficiados haya por la recaudación menos esperanza de vida tendrá el impuesto.

Como derivado de lo expuesto puede tratarse la crítica a los sacrificios que sostiene que el equilibrio fiscal debe lograrse con crecimiento, no con ajuste. Suena lindo, y es la apuesta a largo plazo del gobierno. Pero debe notarse que no se crece con alta inflación, por lo tanto hoy el equilibrio sería condición para crecer, no resultado del crecimiento.

Ahora bien, si el Congreso no quiere subir impuestos hay que bajar gastos. Y el gobierno nacional eligió como uno de ellos las transferencias discrecionales a las provincias. Por supuesto, levantó las quejas de algunos gobernadores, pero no son legítimas. Un gasto discrecional es uno no obligatorio por parte de quien lo hace. Por lo tanto no hay derecho a reclamarlo. A lo sumo se puede pedir que no sea arbitrario: si lo hay, que se aplique el mismo criterio con todos.

Como ejemplo, el gobernador de Santa Fe planteó que la Nación no puede lograr el equilibrio a costa de las provincias, pero hasta 2022 (en 2023 la campaña electoral desvirtuó todo) fue al revés. Durante el gobierno de Mauricio Macri, que cedió mucho dinero excepto donde no había rendición de cuentas, las provincias mejoraron sus resultados a expensas de la Nación. Pareciera que varios gobernadores quieren volver a eso, pretendiendo que las mencionadas transferencias se cuenten entre sus ingresos regulares. Pero si un gobierno provincial necesita de manera permanente de transferencias por fuera de la coparticipación porque ésta más los ingresos propios no son suficientes, entonces ese gobierno es inviable. De hecho, bien podría preguntarse que si la provincia vive de la Nación ¿no debería la Nación gobernarla?

Entonces, si los miembros del Congreso no quieren que el ajuste lo haga la Nación deberán hacerlo las provincias. Algo que de todas maneras debía ocurrir, con o sin paquete fiscal nacional. Provincia que necesita ayuda extra permanente es provincia mal gobernada y eso no es admisible no importa la circunstancia nacional. Sin paquete fiscal simplemente hay menos chances de gradualismo provincial.

Por supuesto, no es fácil y la responsabilidad no es sólo subnacional. Tómense algunas situaciones regionales como referencia. Hace décadas que se habla de la Pampa Húmeda como el granero del mundo y cuando se deja que lo sea los resultados son extraordinarios para la región y el país. Sería igual de enriquecedor para la población y el Estado tener una frutería del mundo. Es el potencial del Noreste argentino. Sin embargo, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones nadan en la pobreza, no en la abundancia. Eso porque las reglas las impulsan a seguir así. Vivir de la coparticipación y de las transferencias discrecionales no saca de la miseria sino que hunde en ella.

Excepto tal vez a los gobernadores, porque financian el clientelismo. Por eso las obligaciones desatendidas por los gobiernos que se expresan, viendo sólo a Formosa, en cultivar apenas 85.000 hectáreas de las dos millones posibles, o que casi no se entreguen títulos de propiedad, esenciales para motivar la inversión. La frutería del mundo requiere, por citar unos pocos temas, educación, tanto básica como especializada; estaciones de investigación agrícola; redes de riego y de transporte tanto ferroviario como fluvial; maquinaria; estudios sobre plaguicidas y fertilizantes. Esto implica una administración pública eficiente que no sea un lastre para el sector privado, motor del desarrollo, y atienda sus responsabilidades básicas, entre ellas algunas de las mencionadas.

Poco y nada de eso se observa en el NEA (u otras regiones). Sin embargo, deberían ser el resultado de cumplir mandatos constitucionales, pues surgirían de la vigencia de una ley de fondo de coparticipación y de las políticas para compensar las diferencias de desarrollo entre regiones, en conjunto para evitar que gane la parte redistributiva de la coparticipación y su incentivo a ser más pobre para que el gobierno reciba más dinero.

Podrá notarse en lo anterior que la obra pública es necesaria, pero es otra discusión. Como mínimo debe partirse de que políticas coordinadas y gobiernos eficientes en las provincias son la alternativa al cese de las transferencias discrecionales.

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