Colegios privados: qué pasará con las cuotas a la espera del plan de ayuda que otorgaría el Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano pondría en marcha una serie de medidas para aliviar en los padres el incremento de los aranceles.

Colegios privados: qué pasará con las cuotas a la espera del plan de ayuda que otorgaría el Gobierno nacional ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
05 Febrero 2024

Según trascendió en las últimas horas, el presidente Javier Milei analizaría brindar un plan de ayuda a padres que tengan hijos en colegios privados debido al significativo aumento en los aranceles que podrían regir desde los próximos meses. La información fue divulgada por el periodista Luis Majul y sería el Ministerio de Capital Humano quien se encargaría de ejecutar dicha medida.

La nota indica que la ministra Sandra Pettovello fue instruida por el Jefe de Estado para que otorgue "una ayuda extra a las familias de clase media" que no puedan pagar la cuota completa de los colegios privados de sus hijos. Majul señaló que Milei "parece tener en claro que, a partir de ahora y hasta abril, se juega gran parte del éxito de su programa económico" y el Presidente sería "consciente de lo mal que lo está pasando la mayoría de los argentinos".

Si bien aún no fue confirmado oficialmente por el Gobierno nacional, en caso de aplicarse, el plan de ayuda a los padres empezaría a ejecutarse en las próximas semanas con el fin de mitigar los numerosos gastos que conlleva el inicio de clases. Entre los ítems incluidos en el presupuesto de las familias se encuentran la compra de útiles escolares, mochilas, uniformes, matrículas de inscripción, seguros y cuotas.

Qué pasará con las cuotas de febrero en los colegios privados

A partir de febrero, los colegios podrán aumentar los precios de las cuotas sin informar previamente a la Secretaría de Comercio, que se encargaba de aprobar o rechazar el incremento. El cambio fue anunciado la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni y publicado en el Boletín Oficial a través de la resolución 51.

La norma derogada por el Gobierno establecía que los establecimientos educativos privados debían informar antes del 31 de octubre de cada año el importe de la matrícula de inscripción, reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros.

Por su parte, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne señaló que el objetivo de la medida es “desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias”.

En conclusión, con la medida dispuesta por el Ejecutivo Nacional de derogar la resolución 678/99, los colegios y universidades privadas podrán realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones.

A partir de febrero, las instituciones podrán decidir sin límites las subas sobre el porcentaje no subvencionado. Sin embargo, los establecimientos educativos privados deberán seguir informando a las familias y a las jurisdicciones provinciales las subas de los aranceles.

Cómo serán los aumentos de las cuotas en Tucumán

En diálogo con LA GACETA, Daniel Nacusse, delegado episcopal de educación en Tucumán, explicó que no sería como se informó a través de medios nacionales. “Queremos llevarles tranquilidad a los papás que seguramente están muy preocupados por la información que les llegó estos días. De lo único que se nos exime es de un deber de informar a la Secretaría de Comercio de la Nación”, puntualizó.

“Las provincias han guardado para sí la autonomía en lo que es materia de educación y salud. De tal manera, en la provincia de Tucumán, el sistema va a seguir funcionando del modo que venía funcionando”, dijo el delegado y afirmó que buscarán acordar entre los colegios privados el mejor camino gradualista y que beneficie a todas las partes.

Por otra parte, Nacusse aseguró que los aportes se van a seguir otorgando a los colegios tal y como se venía haciendo. “Estos aportes tienen un sentido lógico de justicia, del bien común y está muy bien que el Estado controle donde aporta el dinero y si este es utilizado de forma eficiente”, indicó.

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