21 Febrero 2024
La Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió este miércoles que la causa que cuestionaba la legalidad del protocolo antipiquetes, que tramitaba en el juzgado federal de Sebastián Casanello, pase a la Justicia penal ordinaria.
En el fallo firmado por el magistrado de Cámara Eduardo Farah se resolvió revocar la decisión de Casanello, quien ratificó su competencia para llevar adelante la causa, en la que se reclama el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del reglamento impulsado por Patricia Bullrich.
Además se dispuso "no aceptar" la decisión del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, que había declinado la competencia y enviado el caso a Comodoro Py y devolverle la causa "en forma urgente", al hacer lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si no se comparte lo resuelto en el juzgado 28, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, por ser el "superior común" entre ambos fueros.
Farah sostuvo en su resolución que en el caso se adoptaron medidas y decisiones "que -sumadas a la falta de competencia- revelan la invalidez de lo actuado".
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