Por Gustavo Rodríguez
19 Marzo 2024
Tucumán no es ajena a la violencia narco, pero tiene sus particularidades que la hacen diferente a lo que se vive en otras provincias. El primer dato es que el número de muertes generado por cuestiones de droga fue disminuyendo con el correr de los años. Sin embargo, esa actividad ilícita alimentó otros delitos que cada vez son más comunes. La lista está integrada por el robo de droga y los secuestros extorsivos.
Entre el 1 de enero de 2016 hasta ayer, según los registros de LA GACETA, en nuestra provincia se contabilizaron 135 crímenes vinculados a cuestiones narco, con un promedio de 19 por año. La tendencia es que desde hace 15 meses los índices están bajando. En 2023 hubo 12 y, en lo que va del 2024, hubo uno, es decir menos del 10% de los 13 homicidios contabilizados.
Más de la mitad de esos homicidios están relacionados a problemas de consumo de sustancias, es decir, peleas entre adictos por una dosis o transas que acabaron con la vida de personas con problemas de adicción por algún problema generado por cuestiones de consumo, como el robo de dosis o por no haberlas pagado en tiempo en forma. Sin embargo, las garras de los narcos estuvieron presentes en dos dobles homicidios que no fueron resueltos. En La Invernada y en Santa Lucía, padres e hijos fueron asesinados en 2021 y en 2022, respectivamente. Los investigadores encontraron evidencias para creer que se trataron de hechos con tintes mafiosos probablemente cometidos por sicarios que se encargaron de borrar las huellas para lograr la impunidad.
El cambio
El pico de este tipo de homicidios registrados fue en 2017, con 26 casos. A partir de allí la media de estos crímenes se mantuvo entre 11 y 18 muertes por año. Hay diferentes teorías sobre este cambio. “Siempre se dijo que hubo un acuerdo entre todos los líderes de las redes de narcomenudeo para evitar enfrentamientos”, sostuvo el legislador José Cano. “Hay dos razones: la primera es que una muerte atrae a los policías en los barrios y eso afecta al negocio. La segunda, es más fácil que tengan problemas legales por delitos comunes que por vender drogas”, sostuvo. El ejemplo es Miguel “Miguelón” Figueroa: el supuesto narco no tiene ninguna causa abierta por tráfico o comercialización de estupefacientes, pero hizo historia al transformarse en el primer tucumano condenado a dos prisiones perpetuas.
Dominio territorial
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Carlos Najar, coincide en parte con su par, pero le agregó otro ingrediente. “Ha quedado demostrado que estos grupos no tienen la inteligencia suficiente para crecer. Se conforman con tener un dominio barrial”, explicó. “Eso no significa que haya excepciones y que no haya que estar atentos a las disputas que protagonizan estos grupos en la lucha por el dominio”, explicó. Él y Cano coinciden en que es fundamental que el Estado recupere el territorio quitado a los narcos cada vez que cae una estructura. “Cuando se desarticula un puesto de venta, el vecino que vio cómo creció quiere hacer lo mismo”, explicó. Los últimos enfrentamientos registrados ocurrieron en Villa 9 de Julio, el sector que dominaba “Miguelón”. O el cruento ataque ocurrido la semana pasada en la que resultaron baleadas tres personas en Delfín Gallo, localidad del este tucumano en la que el fallecido padre Juan Viroche realizó una misa en plena calle para visibilizar los estragos de la droga.
Preguntas
El gobernador Osvaldo Jaldo sabe que la lucha contra el narcomenudeo es una de las herramientas con la que cuenta el Estado para detener el avance narco. La otra es el Operativo Lapacho que consiste en fortalecer las fronteras para evitar el ingreso de la droga. Esta estrategia no es caprichosa, sino que tiene una razón de ser. Sobran los ejemplos para sospechar que aquellos que comenzaron vendiendo sustancias en “quioscos” terminaron creciendo en la actividad ilícita y pasaron a ser proveedores, es decir, comercializar sustancias al por mayor a otras personas. En otras palabras, atomizan el microtráfico. “Hace cuatro años que la Justicia Federal no desarticula una banda importante en la provincia”, se quejó el legislador Cano.
El fuero nacional en nuestra provincia está diezmado. Falta que se cree una fiscalía, que se nombre un fiscal, a dos jueces y a otros dos magistrados para completar el Tribunal Oral Federal. Demasiadas falencias para intentar luchar contra el negocio de la muerte. Tampoco se cuenta con una cárcel federal para alojar a los narcos. Apenas hay un pabellón (la Unidad 10). Por esa razón, en Tucumán no se pueden aplicar las nuevas y discutidas reglas que impulsa la Nación para el sistema carcelario.
El descalabro rosarino
“Todos somos Rosario” fue el título del documento que firmaron los gobernadores del país. En tiempos de discrepancias y divisiones, los unió el espanto por lo que sucede en la tercera ciudad más importante de Argentina. “El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial, sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”, se pudo leer uno de los párrafos más importantes del escrito que también fue rubricado por Jaldo.
Rosario no sólo es el ejemplo de todo lo malo que se hizo, sino la prueba concreta de que se siguen aplicando recetas que fracasaron. En abril se cumplirán 10 años del primer desembarco de fuerzas federales. De la mano del ex ministro de Seguridad Sergio Berni llegaron 3.400 efectivos. Esa idea fue repetida durante las gestiones del presidente Mauricio Macri (con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza), la de Alberto Fernández y ahora la de Javier Milei sin que tuvieran éxito. Los dos últimos presidentes también recurrieron a las fuerzas armadas que, al no poder utilizar sus armas, deben ser custodiados por hombres que supuestamente fueron desplazados para vigilar las calles.
En el NOA, Catamarca y Jujuy son las únicas provincias que no sancionaron leyes para luchar contra el narcomenudeo. Salta, Santiago del Estero y Tucumán lo hicieron con la promesa incumplida de recibir ayuda de la Nación, que tampoco termina de entender que la región es la principal puerta de ingreso de la cocaína que se distribuye en todo el país. Este último fin de semana se concretó el secuestro de casi 500 kilos de cocaína. En la localidad salteña de Aguas Blancas encontraron más de 314 kilos ocultos en una camioneta de bomberos. En la ciudad de San Francisco (Córdoba) detuvieron un camión con 156 kilos de la misma sustancia. Ambas cargas tenían el mismo destino: Buenos Aires. Los hallazgos sirven para probar cómo ingresa la droga al país y la facilidad con que se la traslada por las rutas argentinas. El ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa, deslizó algunos indicios del nuevo plan que está comenzando a aplicarse: la regionalización de la lucha contra el tráfico de sustancias, un nuevo ensayo con el que se busca evitar la “rosarización” de esta parte del país.
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