Por Santiago Re
10 Abril 2024
Imagen ilustrativa. La Gaceta / foto de Diego Aráoz
Dos fugas fugas y varios motines volvieron a poner sobre la escena un problema que ya se encamina a cumplir una década: la crisis carcelaria. Se trata de siete episodios registrados en los últimos cuatro días.
El viernes en la seccional 7ª los efectivos que tenía la tarea de cuidar a 40 detenidos (tiene capacidad para 15) solicitaron la intervención de Infantería para controlar un motín que se estaba desarrollando en las celdas. El lunes a la madrugada 10 presos rompieron los barrotes y escaparon de esa comisaría (tres ya fueron capturados). También el viernes se informó que dos adolescentes que fueron internados en el Instituto Roca por problemas con la Justicia se evadieron de los celadores.
El lunes a las 21 los detenidos de una celda “chica” de la seccional 8ª comenzaron a quemar colchones a modo de protesta. Con la ayuda de Infantería, los efectivos redujeron a los revoltosos y apagaron el fuego a baldazos.
El lunes en la comisaría de Alberdi los guardias detectaron que un hombre había intentado pasarle droga a sus dos hijos detenidos. La sustancia iba oculta dentro de un pan. Los efectivos arrestaron al hombre y sus hijos iniciaron un motín con quema de colchones. La Policía y los Bomberos apagaron el fuego y controlaron la situación. Ayer hubo otra situación en el mismo lugar y por el mismo motivo: un preso intentó ahorcarse, pero fue rescatado por los guardias. El suicida, indignado, señaló que quemaría colchones y luego se mataría porque una mujer que le iba a llevar droga había sido arrestada por su culpa.
El último caso se dio ayer al mediodía, cuando los presos alojados en el arresto de la Regional Norte iniciaron una revuelta que fue controlada rápidamente.
Hace nueve años
Han pasado nueve años desde que los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila plantearon que las comisarías estaban colapsadas de detenidos. En ese momento (en 2015), las autoridades advertían que las dependencias policiales estaban albergando a 500 reos aproximadamente, siendo el límite de la capacidad. Los fiscales sostenían que esta situación estaba causando problemas directos, porque no se trata de edificios preparados para alojar a detenidos y por el riesgo de fugas, pero también problemas colaterales por las quejas de los vecinos por diferentes motivos.
La situación no ha mejorado. En los últimos años se llevaron a cabo algunas obras para agrandar calabozos en ciertas dependencias como la 3ª, la 10ª y la 11ª, que fueron modernizadas, pero los paliativos no alcanzaron para estabilizar la situación. Actualmente las autoridades estiman que la población carcelaria alojada en comisarías ya superaría las 2.000 personas. (hasta junio de 2023 eran más de 1.800 reos).
Por otro lado, en las cárceles tucumanas hay 1.350 alojados, pero tienen cupo para 900.
Problema nacional
“Estamos trabajando, la crisis carcelaria es una problemática nacional que la tienen todas las provincias”, remarcó ayer el gobernador Osvaldo Jaldo cuando fue consultado por (LG Play) el noticiero LA GACETA sobre los recientes motines y la crisis carcelaria.
Jaldo recordó que uno de sus proyectos fue comenzar a construir un nuevo penal en Benjamín Paz, algo que sigue en desarrollo. También reconoció que es un problema albergar gente en edificios sin la estructura necesaria y que, además, los detenidos no quedan al cuidado de guardiacárceles, sino de policías que no están capacitados para esa tarea. “Por eso entiendo que pueden pasar cosas como estas”, analizó. El mandatario remarcó que en Buenos Aires este problema se está dando en mayor medida.
“Nosotros estamos a pocos meses de inaugurar cuatro pabellones en el penal de Benjamín Paz, donde vamos a poder albergar en una primera etapa a 700 u 800 personas. Además, estamos concretando el alquiler de 300 tobilleras electrónicas, lo que nos permitirá liberar 300 cupos en las comisarías; es decir que estamos trabajando y las soluciones van a llegar, pero mientras tanto a estos riesgos los tenemos que correr”, enfatizó.
“Hace 30 años soy policía y existe esta crisis, este es el Gobierno que se está ocupando del problema. Hay obras demoradas por el tema económico”, indicó el jefe de Policía, Joaquín Girvau. “Somos la Policía y vamos a seguir deteniendo a los delincuentes, no nos queda otra, esa es nuestra función. Después están otros organismos que analizan la reinserción social de los presos y que evaluarán a quienes le corresponde la excarcelación o los arrestos domiciliarios”, añadió.
Girvau detalló que, además, muchos de los detenidos son condenados e imputados por causas de violencia de género.
Las obras del penal de Benjamín Paz tendrían un avance del 60%
Durante la conferencia de prensa que se llevó adelante ayer en Casa de Gobierno, Santiago Yanotti, el ministro de Obras y Servicios Públicos informó: “con respecto al penal de Benjamín Paz, lo que está pasando ahora es que la Provincia está invirtiendo en los certificados que aún el gobierno Nacional no paga, esperando que normalice la cadena de pago para después recuperar esos fondos” “De esta manera se logra que no pare la obra, que ya está en un 60% avanzada”. explicó. El funcionario también aclaró que el lunes la Nación les confirmó que “se están pagando algunos certificados para que continúe la obra de la alcaidía de Las Talitas y de Delfín Gallo; estamos con un remanente en Delfín Gallo, que pasamos de un 50% del avance de obra”.
Paliativo: alquilar 300 pulseras duales costará $ 1.500 millones
Fue una de las cuestiones que destacó el gobernador Osvaldo Jaldo ayer al referirse a la crisis carcelaria. El mandatario indicó que -luego de que se registraran dos motines en los últimos días- la Provincia determinó contratar a una empresa a la que se le alquilará 300 dispositivos duales para el control de los arrestos domiciliarios. La inversión será de $ 1.500 millones, lo que implica que el comodato de cada tobillera será de $ 5 millones. Las pulseras electrónicas escasean y eventualmente ese faltante provoca que los detenidos no puedan acceder al arresto domiciliario. “Esto nos permitirá liberar 300 cupos en las comisarías”, remarcó el dirigente tranqueño. Se trata de una herramienta muy solicitada, sobre todo, en causas de violencia de género.
Tucumán no será alcanzado por un proyecto de Milei
En una entrevista a una cadena internacional de noticias, el presidente Javier Milei anunció un novedoso plan para mejorar las cárceles del país. Invitaría a grupos empresarios a que se quedaran con las prisiones a cambio de que construyan otras en lugares alejados de las ciudades. La idea, según confiaron fuentes de la Nación, sólo alcanzaría a las cárceles federales, por lo que Tucumán quedaría fuera de esta iniciativa. Nuestra provincia, que tiene tres establecimientos carcelarios, es la única que no cuenta con una prisión de estas características. En los últimos 10 años, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca recibieron de la Nación los montos para ubicar a presos con causas en la Justicia Federal y ordinaria.
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