El Gobierno denunció irregularidades en el manejo de U$S341 millones para Becas Progresar

El Gobierno presentó ante la Justicia una denuncia por irregularidades en el programa de becas "Progresar" que entregaba el ex presidente Alberto Fernández con un financiamiento internacional de U$S341 millones.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apuntó contra los presuntos responsables por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "fraude a la administración pública". La denuncia sostiene que "luego de arduas investigaciones y auditorías internas, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano detectó falta de control en el otorgamiento de los beneficios referidos por parte de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa (DNByDE) durante el ejercicio 2022".

En el escrito, al que accedió Infobae, los actuales funcionarios resaltaron: "Dicha ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento".

Entre otras irregularidades, la investigación destaca que "no se confeccionaron legajos individuales por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca". Tampoco hay "documentación que respalde cada otorgamiento", es más, "no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada". En la Anses tampoco se encontró documentación "respecto del ingreso de los postulantes y su grupo familiar".

La auditoría de la SIGEN calificó el caso como de "impacto alto". Por esa razón, Leila Daniela Gianni, la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, acusa de estar "ante un caso de gravedad en perjuicio del Estado Nacional, pero, sugestivamente, el gobierno anterior no denunció nada al respecto ante la Justicia", a pesar de la advertencia de la Sindicatura General de la Nación.

En la última auditoría ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, en el punto 5 se destaca: "Con relación al proceso de otorgamiento de becas para que los jóvenes continúen estudiando se detectaron debilidades ante la falta de un sistema que contenga la trazabilidad de todo el proceso, así como de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas a fin de poder tomar conocimiento de que alumnos becados efectivamente concurrían a las mismas".

Capital Humano también le advirtió al magistrado que "en el marco de las auditorías que desembocaron en la presente denuncia penal, el 24 de abril del año en curso, se halló en la oficina personal del Licenciado Nicolás Sojit, quien fuera Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta hace poco tiempo -y depuesto en su cargo por este gobierno-; documental que revelaría una fuente de financiamiento externo en el caso proveniente específicamente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un total de U$S341 millones asignados específicamente a las Becas Progresar en cuestión".

A tal efecto, el escrito judicial aclara que "la documentación encontrada en las oficinas que ocupara Sojit en la Secretaría de Trabajo, apareció en el marco de la desvinculación de 13 funcionarios y agentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación ordenada por este Gobierno Nacional por diversas irregularidades detectadas y en curso de investigación".

El préstamo otorgado al país -es decir con devolución- "fue concedido a la República Argentina por el ‘BIRF’ por un total de U$S341 millones, préstamo que se concretó en el mes de Noviembre del año 2019". El Programa tenía entre sus objetivos fundamentales, financiar las “Becas Progresar”.

El objetivo de las becas

Las becas educativas “Progresar” han tenido como objetivo fomentar la escolarización obligatoria y que los alumnos más carenciados puedan terminar sus estudios evitando la deserción por razones económicas.

Según la presentación judicial, “dicho encomiable fin, no habría sido honrado por las autoridades responsables de la gestión gubernamental anterior al haber permitido/avalado/propiciado un descontrol administrativo en el manejo de cientos de millones de pesos y dólares estadounidenses todo lo que ha propiciado sin lugar a duda un perjuicio fiscal”.

Tanto la SIGEN como la auditoría llevada adelante por Capital Humano concluyeron que “no es posible trazar a dónde ha ido la totalidad del dinero de las ‘Becas Progresar’” y destacaron que: “Sólo podemos saber que se ha utilizado una enorme suma de dinero del Estado Nacional sin control y en forma irregular”.

Para los colaboradores de Pettovello, “de comprobarse los hechos que se denuncian, estaremos hablando de delitos imperdonables: delitos que explicarían parte de la decadencia educativa que tristemente padece nuestro querido país desde hace décadas”.

“Desviar el dinero de los estudiantes o mal utilizarlo en beneficio propio o de terceros, es un delito gravísimo porque no sólo perjudica el erario público sino, y lo que es peor, atenta directamente contra el futuro de nuestra nación”, completaron.