24 Mayo 2024
La Justicia se negó a condenar a través de un juicio abreviado al imputado Juan Carlos Burriguin (40 años) por el crimen de Florentino Silverio Gutiérrez (68), el ex gendarme que vivía en Las Talitas. El Ministerio Público Fiscal y la defensa solicitaron que reciba una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves, pero la querella y los familiares de la víctima se opusieron al acuerdo, presentaron una teoría del caso diferente y pidieron que se celebre un juicio oral y público.
El 6 de enero Gutiérrez o “Cachito”, como lo conocían sus vecinos, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en Pasaje Granaderos al 100, El Colmenar. Los investigadores de la División de Homicidios y de la Fiscalía de Homicidios de feria, subrogada por Carlos Sale, reconstruyeron que “Cachito” había sufrido un ataque el día anterior a su muerte. Un punto clave en la investigación fue que la víctima antes de morir identificó a la persona que lo había agredido. Fue así que el Ministerio Público Fiscal imputó a Burriguin por el delito de lesiones graves.
Según la teoría del caso del MPF, el 5 de febrero Burriguin se presentó en el domicilio de “Cachito” junto con una mujer aún no identificada y lo golpearon causándole heridas cortantes en la zona de la cabeza y el rostro. Debido a sus heridas fue trasladado hacia el hospital Padilla pero a las horas firmó el alta voluntaria para retirarse de la clínica. Al día siguiente falleció.
El resultado de la autopsia fue un elemento clave para que la Fiscalía definiera qué imputación pesaría sobre Burriguin. El informe médico confirmó que Gutiérrez no falleció por las lesiones causadas por el acusado sino por una broncoaspiración de contenido gástrico.
Ayer la Fiscalía Criminal, al mando de María del Carmen Reuter, presentó ante la jueza María Alejandra Balcázar un convenio de juicio abreviado al cual arribaron con la defensora, Mirta Mariana Santillán, que consistía en que el imputado fuera condenado a tres años de condicional. Aunque Burriguin reconoció haber cometido el delito, el querellante José María Ledesma Costas y la familia de la víctima se opusieron a la realización del abreviado y pidieron que se celebre un juicio oral y público.
Al fundamentar su postura, el abogado manifestó que tienen una teoría del caso diferente a la del MPF y que, a su criterio, Burriguin tendría que ser condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y robo agravado por lesiones, por lo que no debería recibir una pena de ejecución condicional.
La auxiliar de fiscal Andrea Carlino explicó que el MPF no pudo acreditar que haya habido un robo ni privación ilegítima de la libertad, motivo por el cual difirió con el planteo de Ledesma Costas. Finalmente la magistrada, resolvió rechazar el abreviado para que la querella pueda profundizar su teoría.
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