Piden desalojar a quienes viven bajo tendidos de alta tensión

La Provincia tiene todo encaminado desde el aspecto técnico para que se realice el recambio de un cable doble terna de 132 kilovatios (kV), desde El Bracho a Cevil Pozo (unos 17 kilómetros de extensión), lo que permitirá duplicar la potencia que se puede transmitir en dicha línea y así evitar las caídas o restricciones del servicio en el verano. El flamante interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, aseguró que el cable está comprado, en los depósitos de EDET y que cuentan con la autorización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las tareas. Sin embargo, detectaron alrededor de una decena de construcciones debajo del tendido eléctrico de alta tensión (área de servidumbre), incumpliendo con las distancias exigidas por seguridad pública. Por este motivo, recientemente se iniciaron acciones ante la Justicia para que se realicen los desalojos y se regularice la situación.

Transnoa, la empresa concesionaria del transporte de energía eléctrica en el noroeste argentino desde 1994, realizó a fines de abril al menos dos presentaciones ante la Justicia Federal contra los titulares fiscales de dos padrones catastrales de la localidad de Bajo Grande (Comuna de El Bracho y El Cevilar), a unos 13 kilómetros al sureste de la Capital.

Inconvenientes y riesgos

El gerente de operación de Transnoa, Máximo Forns, explicó a LA GACETA que si bien es responsabilidad de las comunas o los municipios evitar la invasión de la servidumbre de electroducto, Transnoa hizo las presentaciones pertinentes ante la Policía y la Justicia solicitando el desalojo. “Acarrea inconvenientes para el acceso necesario para realizar mantenimientos o eventual reparación”, dijo. Advirtió que el riesgo de esas edificaciones está asociado a no cumplir con las distancias exigidas por seguridad pública (por los campos electromagnéticos y las descargas, por ejemplo). Ascárate, por su parte, fue más tajante: “es un riesgo de vida”.

El representante de la firma de transporte explicó que el ancho de la franja de servidumbre depende del nivel de tensión de la línea, las características particulares de la torre y del tendido del conductor. “En el nivel de 132 kV es de aproximadamente 14 metros a cada lado del eje de la línea, más una zona adicional de cinco metros a cada lado”, indicó. Añadió que la línea de transporte fue construida en la época de Agua y Energía. “Es preexistente a las viviendas. Algunos terrenos invadidos tienen el registro de la servidumbre en Catastro y otros presentan inconsistencias con la realidad”, dijo.

La localidad de Bajo Grande está ubicada en el kilómetro 1.279 de la ruta nacional 9. Precisamente allí cruza por sobre la cinta asfáltica el tendido de alta tensión que sale de la Estación Termoeléctrica de El Bracho hasta la Estación Termoeléctrica de Cevil Pozo. Del otro lado del camino hay varias decenas de viviendas, algunas de ellas (completamente o en parte) debajo del tendido de alta tensión. Algunas familias remarcaron que viven allí desde antes de que se instalaran las columnas y el cableado; otras sostienen que cumplen con la distancia mínima de seguridad. Todas sostienen que compraron los terrenos de buena fe y que si son desalojados no tienen a dónde ir.

Tanto Forns como Ascárate precisaron que al incrementar la potencia de electricidad también aumenta la temperatura en las líneas, y es por esto que se debe hacer el cambio de tecnología. Los nuevos cables soportan una temperatura de trabajo máxima de 180° (cuentan con un núcleo híbrido de fibras de carbono y vidrio. Si bien las tareas de recambio no tienen fecha establecida, el interventor del Ersept adelantó que estiman que sea antes de septiembre, que son los meses de menor demanda. Aseguró también que ya cuentan con autorización del ENRE para las obras, aunque Transnoa sostiene que el permiso se encuentra bajo evaluación.

Loteos e incumbencias

La Dirección General de Catastro de la Provincia (institución creada en el año 1973, por Ley 3.907), tiene entre sus funciones aprobar los planos de loteo y división dentro de su competencia. El titular de la oficina, Alejandro Navarro, aseguró a este diario que Catastro de la Provincia tiene injerencia en lo que respecta a la división de las parcelas, pero que el control de policía sobre los terrenos lo tienen las direcciones de Catastro de cada municipio. “Son incumbencias distintas. Si alguien quiere hacer la división (de un lote) lo tiene que hacer en la Municipalidad, depende de su Código de Planeamiento”, dijo. Indicó que las restricciones relacionadas con la servidumbre de las transportadoras son registradas en los planos. Además, aseguró que lo que respecta a las cuestiones de construcciones y loteos en las comunas son los comisionados rurales quienes autorizan o no las obras.

Este diario intentó comunicarse por distintas vías con el comisionado de El Bracho y El Cevilar, Franco Ale Lossi, pero no obtuvo respuestas.