La Nación y las universidades públicas, en tregua

El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas sellaron la paz, tras casi medio año de desencuentros. El lunes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aceptó la oferta de un aumento del 270% en las partidas para gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que había sido formalizada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

“Las propuestas (del) Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del 23 de abril”, dice el comunicado del CIN. Tales reclamos -planteados desde enero- derivaron en el llamado a la acción directa, hecho sin precedentes en la historia del CIN, creado en 1985. Se trató, en efecto, de una masiva marcha en todo el país, en defensa del sistema universitario nacional y en reclamo de mayor presupuesto.

“Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento, que permitió comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación del sistema público universitario”, agrega el texto.

Además de subrayar que el Gobierno confirmó un ajuste por inflación del 270% para gastos de funcionamiento -con el cronograma de pagos hasta fin de año-, el comunicado del CIN destaca que se acordó establecer mesas de trabajo para temas pendientes. Entre otros, resoluciones del año pasado pendientes de pago y asignación de fondos de ejecución para programas del año en curso con financiamiento especifico; obras universitarias suspendidas; cálculo de presupuesto universitario 2025; programas de becas y de asistencia estudiantil, y situación del sistema científico tecnológico y de coordinación con las universidades nacionales.

Las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, mediante un comunicado, dijeron que buscarán priorizar las obras que están cerca de finalizar. “El resultado fue muy positivo en tanto está garantizado el segundo cuatrimestre”, dijeron.

Fuentes del CIN contaron que los funcionarios nacionales se comprometieron a ir pagando deudas de programas con financiamiento específico, entre los que destacaron las escuelas de formación profesional y recursos para ciencia y tecnología y categorizaciones de investigación. Sobre este último punto, se acordó terminar el proceso de recategorización de docentes y de investigadores en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar), iniciado el año pasado en las universidades.

“(El CIN) seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación”, señala el texto de los rectores.

El miércoles 15 del mes en curso, la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria, a raíz de que la Nación le había ofrecido un aumento del 270% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y del 300% para los hospitales universitarios. Al conocerse ese acuerdo, el CIN denunció que se trataba de una medida discriminatoria del resto de las universidades nacionales. Luego, fueron citados a la reunión del lunes, donde recibieron la misma oferta que la UBA.

El salario

Los gastos de funcionamiento representan alrededor de un 10% de todo el presupuesto universitario. El resto se destina al sueldo de docentes y de no docentes. Precisamente, el atraso salarial de estos trabajadores es uno de los principales reclamos pendientes desde la movilización del 23 de abril. En la reunión de los rectores con los funcionarios nacionales propusieron armar una mesa de monitoreo de la situación salarial de estos sectores, que incluya a las autoridades universitarias.

La semana pasada la Nación ofreció a los gremios universitarios un 9% para mayo, que se suma a un 16% otorgado en febrero, a un 12% en marzo y a un 8% en abril. La oferta fue rechazada.