Los Centros de Acceso a la Justicia están en la mira

En el marco del ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei, el Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país. Según trascendió, a partir de esto quedaría una oficina abierta por provincia, privilegiando la atención remota. En Tucumán, una sola dependencia recibía unas 300 consultas por mes de personas de bajos recursos; en total hay cuatro.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia de la Nación expresó que la clausura de los CAJ se debe a que “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias” y que, además, “cumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor del país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”. Según el Gobierno, el gasto de funcionamiento de estas oficinas totalizaba más de $8.000 millones por año. “Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función”, decía el texto.

Por lo pronto, crece la incertidumbre acerca de qué oficinas serán clausuradas. Y organizaciones de la sociedad civil e instituciones comprometidas con la justicia, entre ellas Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), remarcaron la pérdida que significa la reducción de este servicio.

Las agrupaciones defienden que en el período 2016-2022 los CAJs atendieron más de 1,3 millones de consultas. Además, plantearon que hace más de 15 años que no existe en Argentina el Defensor del Pueblo y que los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos funcionan, precisamente, dentro de los CAJs. “En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia”, resumen las organizaciones, que sostienen que “el acceso a la justicia de las comunidades en situación de vulnerabilidad resultan en mejores resultados económicos, evitando la pérdida de recursos y el agravamiento y escalamiento de los problemas que enfrentan”.

Sin diálogo desde abril

Tucumán cuenta con cuatro Centros de Acceso a la Justicia: dos en la Capital, uno en Tafí Viejo y uno en Amaicha del Valle. “No tenemos ningún tipo de certeza de nada. Desde abril que no tenemos responsable a nivel nacional”, dijo Rodrigo Scrocchi, coordinador de la sede taficeña.

“Es una situación muy preocupante. Más allá de la angustia y de la pérdida de las fuentes laborales, los CAJs son espacios apuntados a las personas que no tienen herramientas económicas, simbólicas ni materiales para el acceso a la justicia”, resaltó.

El abogado se refirió a la dependencia en Tafí Viejo y contó que hay cuatro profesionales -un abogado, una psicóloga, una trabajadora social y una trabajadora administrativa- que atienden a unas 100 personas por mes y realizan unas 300 gestiones. Es por ello que el panorama actual es difuso. “Es un abandono absoluto. Nosotros seguimos funcionando, pero por el amor que tienen los trabajadores hacia la misma política pública en el día a día. Porque no tenemos un norte claro por parte del Ministerio”, reclamó Scrocchi.

Y agregó: “El CAJ lo que siempre buscó es tener una inserción en la comunidad y poder acercar la justicia a todo aquel vecino que lo necesite; tener una orientación, saber encarar un trámite. Intervenimos en casos de urgencias, en situaciones de conflictividad, en procesos colectivos… Es mucho el trabajo que se hizo en este último tiempo”.

Balance en el NOA

Según un informe de los CAJs de la región noroeste, hay 11 dispositivos ubicados en seis provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. Desde comienzo de año hasta el 6 de junio, se atendieron 7.788 consultas y 20.044 gestiones. Para aquel trabajo hay 30 profesionales en total, lo que arroja un promedio de 2,7 agentes por CAJ. Además, se informa que en abril fueron despedidos 14 empleados.

En el caso de Tafí Viejo, el organismo informa que se hicieron en el último año más de 3.000 gestiones, pasando por las oficinas un total de 938 consultantes de la ciudad y alrededores.

En tanto, un documento estadístico elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación, que actualmente lidera Mariano Cúneo Libarona, con respecto al período 2020-2023 arroja que en total se realizaron 623.782 consultas y se alcanzó a 341.374 personas. Asimismo, establece que 1 de cada 2 personas que visitan un CAJ vuelven por nuevas consultas. Los datos, a su vez, indican un crecimiento sustancial y sostenido año a año de la cantidad de consultas recepcionadas de hasta un 118%. La atención telefónica gratuita de la Línea 137 recibió 67.593 llamadas, alcanzó a 73.556 personas y obtuvo más de 9.400 consultas de acceso a la justicia. Esto resultó en más de 64.000 acompañamientos a víctimas de violencia sexual y/o familiar.