20 Junio 2024
Sede de la Caja Popular de Ahorros. ARCHIVO
La tensión entre la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Tribunal de Cuentas (TC) volvió a quedar en evidencia con una denuncia penal presentada por el titular del ente crediticio estatal, José Díaz, en contra de las autoridades del órgano de control. En paralelo, el TC citó al subinterventor de la Caja, Darío Amatti, a comparecer ante el Tribunal.
La denuncia presentada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana endilga a funcionarios del TC la presunta comisión de los delitos de falsificación ideológica, de documentos públicos, de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El escrito menciona a Miguel Chaibén Terraf, presidente del TC; al vocal Sergio Díaz Ricci; y a los funcionarios Raúl Urueña, Corina Juárez Peñalva, Alejandro Salas Oroño, Patricio J. Bonilla y Ramiro González Navarro.
En la denuncia, Díaz asevera que desde junio de 2018 ha sido víctima de “constante acoso, producto de la conducta abusiva de las autoridades a cargo del Tribunal de Cuentas”.
Según relató, el conflicto comenzó cuando denunció a Esteban González -afirma que es yerno de Terraf-, por supuestas irregularidades durante su gestión como asesor de la Caja. Esa denuncia por presunta malversación de fondos públicos y asociación ilícita está en la Fiscalía de Homicidios y Delitos Complejos.
Díaz señala que “la participación de algunos trabajadores de la CPA y de un asesor de la CPA en la concreción de actividades, en apariencia ilegales, fue corroborada por testimonios y peritajes caligráficos, lo que llevó a un sumario administrativo y a la notificación a la Fiscalía”. Además, Díaz indica que la respuesta del Tribunal de Cuentas fue “cambiar a quienes integraban la delegación fiscal por ante la CPA”, iniciando una “conducta abusiva” de las facultades. Diaz sugiere que los nuevos delegados fiscales, Horacio Heredia y Silvia Ruggeri, actuaron de manera abusiva, motivando acciones legales en su contra.
La denuncia también cuestiona la auditoría iniciada por el TC, argumentando que los auditores designados, incluyendo al presidente Terraf, estaban “dentro de las causales de recusación” debido a conflictos de interés. Según esa auditoría, el ente crediticio mantiene una deuda con el Siprosa por unos $3.000 millones por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023.
Díaz advirtió que la auditoría “excedía la competencia del Tribunal, afectando derechos de terceros”. Y subraya que Terraf debió excusarse de cualquier actuación administrativa relacionada con la Caja. A su vez, el interventor de la CPA enumeró una serie de “maniobras” por parte del TC que tendrían como fin entorpecer y paralizar la gestión del organismo crediticio. Además, remarcó que tras ser multado dos veces con $50.000 cada una por el TC, Díaz recurrió a la Justicia para impugnar las sanciones que considera infundadas y violatorias.
Para Díaz, este caso evidencia un patrón de abuso de autoridad y cuestiona la imparcialidad del Tribunal de Cuentas, destacando una grave falta de transparencia y justicia en sus procedimientos. “No existe ninguna deuda en favor del Siprosa y menos aún la comisión de una conducta irregular de mi parte en ejercicio de mi función”, sostuvo Díaz.
Además, negó todas las imputaciones que surgieron de las actuaciones de las autoridades del órgano de contralor y acusó a los auditores del Tribunal de Cuentas de manipular información financiera “para inflar” la presunta deuda de la Caja Popular de Ahorros con el Siprosa. Inclusó negó tal deuda, remarcando que el Acuerdo 2492/24 contiene "afirmaciones falsas con el fin de incriminarme en una conducta irregular". Los denunciados, según Díaz, habrían cometido "una conducta violatoria de las disposiciones contenidas en el Código Penal" al utilizar una base incorrecta para el cálculo del "resultado bruto", confundiendo "recaudación" con "ventas". Díaz argumenta que los auditores omitieron intencionalmente los costos de funcionamiento, inflando así la base de cálculo: "Este ardid genera una base mucho más grande que los denunciados omiten a propósito para perjudicar a la CPA y a mi persona". Además, critica la falta de separación en la contabilidad del juego, como lo exige la Ley 5115, y acusa al TC de ignorar un convenio entre la CPA y el Siprosa que destina fondos del juego para financiar proyectos como el Centro Educativo Terapéutico (TEA).
La demanda también destaca que la CPA ha cumplido siempre con sus obligaciones legales, presentando en tiempo y forma sus estados financieros, los cuales "jamás hubo una objeción por ningún funcionario de ese organismo con relación a los fondos que la caja destina al Sistema Provincial de Salud". Sin embargo, Díaz señala que el TC infló la deuda con el Siprosa a $3.300 millones, una cifra exorbitante basada en "ventas falsas y costos insuficientes".
Además, Díaz subraya que el Siprosa y otras entidades públicas tienen deudas significativas con la CPA, de las cuales el TC ha hecho caso omiso: "El Siprosa tiene una deuda de $477.254.446 a junio del 2023, que a valores de mayo del 2024 se incrementaría a $700 millones, generando un daño patrimonial a la Caja". También acusa al Siprosa de ocultar información y de pagar a la ART con una alícuota desactualizada.
Para ayer, el subinterventor de la CPA había sido citado por el Tribunal de Cuentas para “ratificar” sus críticas, en las que había dicho que la auditoría “demuestra la animosidad, parcialidad e ignorancia del TC, esta vez en la interpretación de la ley que establece la forma en que parte de los fondos provenientes del juego deben ser destinados al Siprosa”. Amatti no acudió y fue convocado nuevamente para el lunes 24. En paralelo, mediante un proveído enviado ayer, el Tribunal también citó al interventor Díaz para que comparezca por esta causa en un plazo de tres días de recibida la notificación, bajo apercibimiento de rebeldía.
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