El Gobierno confirmó que fueron echados 685 empleados del ex Ministerio de la Mujer

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó el despido de 685 empleados del ex Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Géneros, ahora disuelto. El 85% del personal ha sido despedido, y las áreas que aún funcionan, especialmente las de asistencia a víctimas, fueron absorbidas por el Ministerio de Justicia bajo nuevas nomenclaturas. Además, se anunció una auditoría de la gestión de Claudia Barcia, ex subsecretaria de Protección de Violencia de Género, quien renunció sin presentar documentación de su desempeño.

El desmantelamiento del ex Ministerio de las Mujeres es parte de una política de despidos más amplia implementada por el gobierno de Javier Milei, que ha afectado a numerosos empleados públicos cuyos contratos vencían el 30 de junio. Desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió el cargo, el ministerio había reducido significativamente su personal de 1,100 a 685 empleados en esta segunda etapa de despidos. Se prevé una tercera etapa de recortes en tres meses, afectando aproximadamente a 40 empleados más.

Las responsabilidades del ex Ministerio de las Mujeres fueron asumidas por el Ministerio de Justicia el 24 de mayo de 2024, tras un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano. Las estructuras que continúan operativas ahora están bajo la Dirección Nacional de Protección a la Familia. La Línea 144, que atendía a mujeres víctimas de violencia de género, seguirá funcionando pero con un nuevo nombre: "Línea de atención a personas en situación de violencia y riesgo", eliminando la referencia de género. La Línea 149 del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) también continuará operativa.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a protestas en respuesta a los despidos masivos, calificándolos como un intento sistemático de destruir el Estado. Según ATE, durante el fin de semana se registraron más de 2,300 despidos en la Administración Pública Nacional, afectando significativamente al personal del interior del país. Rodolfo Aguiar, un dirigente sindical, comparó la situación con una dictadura, subrayando la gravedad del impacto en los trabajadores y sus familias.