Por Álvaro José Aurane
05 Julio 2024
El Gobierno de Javier Milei sufre un problema de expectativas. Específicamente, un problema entre las expectativas que promueve mediante el grandilocuente discurso oficial y la realidad. Los últimos días dejaron a la vista esta situación de manera descarnada.
El 24 de junio, en Praga, el Presidente se postuló a sí mismo para recibir el premio Nobel de Economía. Tres días después comenzó la sesión de Diputados que, en los primeros minutos del viernes 28, sancionó la Ley Bases. Ese mismo día, el gabinete económico dio una conferencia de prensa que dejó más dudas que certezas sobre la segunda etapa del programa del mandatario que se dedica a reescribir la teoría económica. El lunes y el martes pasado se dispararon el dólar “blue” y el riesgo país, a la vez que se desplomaron las acciones de las empresas argentinas en Wall Street. La primera semana de julio, entonces, enseña que el “Óptimo de Pareto” es un concepto económico que, como tal, admite reescrituras. La realidad, por el contrario, está siempre más allá del deseo.
Precisamente, el terremoto financiero que signó el comienzo de esta segunda mitad de este año se debe a una de las expectativas que generó el oficialismo libertario, inclusive desde la campaña: el levantamiento del “cepo” cambiario. Finalmente, no ocurrirá tal cosa en el corto plazo, lo cual decepcionó al mercado, que reaccionó de mala manera. En definitiva, lo que la Real Academia Española define como “expectativa”, entre sus varias acepciones, es la “posibilidad razonable de que algo suceda”. Y, también, la posibilidad de conseguir algo “al ocurrir un suceso que se prevé”.
Precisamente, la sanción de la Ley Bases implicaba desde su nombre la liberación del “cepo”: el Gobierno llamó extravagantemente al proyecto “Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Pretender que la norma iba a ser una panacea plantea un segundo frente en el conflicto que tiene el oficialismo a causa de las expectativas que crea y de la realidad con la que se estrella: el presente del común de los argentinos. Dicho de otro modo: es difícil sostener que la entrada en vigencia de la ley no va a producir cambios en la macroeconomía argentina. De igual modo, es dificultoso que la norma vaya a mejorar la cotidianidad en el corto plazo de los argentinos. Por el contrario, van a ser legión los que no se sientan más libres. Pero sí más pobres.
El Gobierno, sin embargo, no aprende. Y Tucumán será el escenario de una nueva colisión entre las expectativas que hace germinar el discurso libertario y la realidad que marchita los sueños de grandeza del oficialismo. Ocurrirá mediante el mentado “Pacto de Mayo”. Ha sido presentado por Milei como el cimiento para refundar la Argentina, pero de su lectura surge, más bien, un pacto fiscal sin demasiadas precisiones, pleno en manifestaciones de anhelo y hasta redundancias. Se puede estar de acuerdo, o no, con los valores que lo inspiran; pero aún para los que adhieran a la ideología que lo guía, lo cierto es que hasta las mejores intenciones que pueda contener ese decálogo son desbordadas por la pretensión oficialista de que un nuevo país surgirá de ese texto.
En la historia de la patria, los pactos que fundaron el Estado nacional fueron cosa seria. Tanto es así que el Preámbulo de la Constitución Nacional los menciona desde un principio: los representantes del pueblo se reúnen para dar cumplimiento a los pactos preexistentes. El Tratado Cuadrilátero y el Pacto de Benegas, ambos de 1820, así como el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, de 1852, buscan la pacificación del territorio (las guerras interprovinciales eran una constante), postulan la organización de un gobierno central, anhelan una Ley Suprema que materialice un Estado Nacional y hasta hacen patente la necesidad de que un congreso general constituyente se encargue de ello. Léase, los gobernadores suscriben acuerdos, pero el objetivo mayor debe pasar por las urnas. Un último elemento común: en todos los casos, la provincia de Buenos Aires firmó esos pactos. Inclusive el de San Nicolás, que luego no ratificó, pero al de 1852 lo firmaron las 14 provincias en que se dividía el país en aquel entonces. Porque como el mismo Preámbulo plantea, el primer objetivo es “constituir la unión nacional”.
El “Pacto de Mayo” es diferente. Claro que esta república ya está constituida. Pero los puntos del acta son llamativos. Comenzando por el primero, que propone la inviolabilidad de la propiedad privada. Como si el ordenamiento jurídico argentino no orbitara ya alrededor de esa garantía.
El punto 2 declara innegociable el equilibrio fiscal. Podrían plantearse escenarios en donde fuese necesario flexibilizar esta cuestión, pero sería hacer futurismo. Es, hoy, una necesidad imperiosa. A la vez, es un postulado vinculado a lo financiero, no al diseño institucional del país a refundar.
El punto 3 manda a achicar el Estado para que sostenerlo no insuma más del 25% del PBI. Si va a ser más chico y más barato, la contraprestación no sólo obvia, sino también obligatoria, consiste en pagar menos impuestos. Que ello se aclare en el punto 5 es redundante.
El punto 4 propone que la educación de niños y adolescentes sea útil, moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Es loable, pero si hay distritos que no cumplen con estos postulados están incursos en las causales de intervención federal del artículo 5 de la Constitución Nacional.
El punto 6 es un asunto a tener en cuenta con detenimiento. “La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias”. La Coparticipación tiene dos niveles. La primaria discrimina cuánto de la torta de los impuestos retiene la Nación y cuánto quedará para las provincias. Como el Estado nacional se achicará, ¿cederá más porcentaje a las provincias? En segundo lugar, los distritos del Norte reciben más dinero que el que generan con sus impuestos. Esto va en desmedro de los distritos de la Pampa Húmeda. Visto desde Tucumán, es federalismo y solidaridad. Visto desde Buenos Aires, es extorsivo. ¿Qué es exactamente lo que se va a discutir y qué significan los términos de este apartado?
Recursos naturales
Los puntos restantes son de neto contenido económico. El 7 compromete a las provincias a avanzar en la explotación de recursos naturales. El 8 impulsa una reforma laboral, sin más precisiones que el adjetivo “moderna”. El 9 propone una reforma previsional, sin más detalle que darle “sostenibilidad al sistema”. El último promueve la apertura del comercio internacional, que es una atribución de la Nación, por lo que no queda del todo clara la razón por la que los gobernadores deben suscribirlo.
Entonces, es elogiable que, en el terreno de la realidad, la Casa Rosada busque consensuar con los gobernadores los trazos generales de algunas políticas fiscales, tributarias, económicas y financieras. El problema es en el plano de las expectativas: pretender que el país será refundado con vaguedades y pleonasmos es un postulado que presenta un desfase descomunal con los hechos. Ya que se llame “Pacto de Mayo” y vaya a ser suscripto en julio debería ser suficiente sintomatología…
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