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POLÉMICA. Vísta aéra de las tierras que Castro dice que son suyas.
“(Juan Pablo) Castro sembró esas tierras durante años. Dejó de hacerlo hasta que su cuerpo dijo basta. Su tarea era conocida por todos, lo hizo de forma pacífica y además pagaba los impuestos. Acá no hay ninguna usurpación”, aseguró Silvia Furque, defensora del titular del proyecto “Loteo Gaucho Castro” y de su nieto político Damián Romano.
La profesional volvió a informar que el investigado recibió en 1985 de parte de la Compañía Azucarera Justiniano Frías Silva parte de sus tierras como indemnización por haber trabajado en la firma.
“Él eligió ese sector porque estaba cerca del agua y podría desarrollar cultivos de maíz y de zapallo. Al no haber podido seguir trabajando, decidió venderla. Se trata de un hombre de 85 años que nunca fue a la escuela, que está a cargo de tres hijos y tres nietos con certificados de discapacidad. Sólo percibe la jubilación que le otorgaron por haber sido empleado del municipio de Tafí del Valle. Vio la oportunidad de hacer dinero extra y lo hizo”, indicó.
Según Furque, años atrás, Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, los empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat que están siendo investigados en esta causa, se ofrecieron como desarrolladores del proyecto a cambio de recibir un 20% del total de los lotes que saldrían a la venta.
“Eso quedó perfectamente plasmado en una escribanía a través de una sesión de posesión. No hay nada ilegal ni incompatible. Lo mismo ocurre con Romano, que es constructor y colaboraba con las ventas haciéndole un favor a Don Juan Pablo. Jamás se imaginó que terminaría involucrado en un caso como este”, comentó.
La Provincia aseguró que la misma empresa entregó en 1975 las tierras en forma de pago por una deuda impositiva y en ese mismo año fue escriturada a nombre del Gobierno. Fue destinada a la construcción de La Angostura. En 1996, el ex gobernador Antonio Domingo Bussi decidió que el excedente de esas tierras se convirtieran en un espacio protegido y meses después, a través de un decreto resolvió que sea anotada en el Registro Inmobiliario.
“Esa es su versión. Pero la realidad indica que nunca hubo un cartel o alguna señal que permitiera establecer que eran tierras fiscales. Castro jamás hubiera aceptado como forma de paga un terreno que sea fiscal”, explicó Furque.
“Además, es importante destacar que durante los gobiernos de José Alperovich y de Juan Manzur hubo una campaña pidiéndo a todos los habitantes de El Mollar, incluso mi defendido que hicieran todos los trámites en Regularización Dominial. ¿Cómo es posible que la misma Provincia haya hecho ese pedido y ahora reclama como suya las tierras?”, se preguntó la abogada.
Los investigadores se preguntan si los empleados de Regulariza Dominial podrían haber estado al tanto de esta información para sacar provecho de la situación. “Todo es posible, no lo puedo asegurar. Pero que hay muchas personas que tienen la misma situación que Castro es innegable”, indicó.
Justamente eso es lo que estarían tratando de confirmar o descartar los investigadores. En los allanamientos que realizaron en los domicilios de Trujillo y de Barreiro, los pesquisas encontraron numerosas carpetas y planos que deberán ser analizados por especialistas. Ese trabajo tardaría semanas.
Otra defensa
Por su parte, Patricio Char, que defiende a Barreiro, le aseguró a LA GACETA: “no existe prueba que vincule a mi defendido con delito alguno. Sin embargo, ante la amplia exposición mediática, se evidencia una respuesta política rápida y poco fundamentada, orientada más a demostrar acción que a buscar la verdad. Una política criminal seria debe basarse en pruebas, no en la necesidad de dar respuestas inmediatas”.
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