Concejales quieren que el debate por Uber se dé en el recinto

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que prohíbe el uso de bolsas plásticas en comercios de San Miguel de Tucumán. Además de la efectivización de la norma, cuyo plazo de cumplimiento para las empresas finaliza en 2026, en el recinto se armó un debate por la regularización de Uber y el control de las plataformas electrónicas vinculadas al transporte de pasajeros. Los ediles se cruzaron acerca de la legalidad del sistema y las alternativas que existen para abordar la problemática con Sutrappa.

Por un lado, la normativa sustentable fue defendida por su impulsor, el oficialista Emiliano Vargas Aignasse. “La búsqueda de la reducción de plásticos no es algo que estamos inventando en San Miguel de Tucumán; está demostrado que una bolsa se utiliza durante 10 minutos y contamina 400 años. Estadísticamente, un ser humano las usa 298 veces al año, eso es prácticamente una vez por día”, expuso.

Según el proyecto presentado en el recinto, la normativa sustentable otorgaba 250 días corridos a los que fabriquen o utilicen envases de polietileno en sus comercios para que se adapten a la disposición municipal, con lo cual se habría hecho efectiva a partir del primer trimestre de 2025. Sin embargo, los concejales resolvieron extender el plazo hasta el 1 de enero de 2026. “El espíritu de la ordenanza, según lo que planteó la gente de la industria, es darles el tiempo de que se preparen”, dijo Ernesto Nagle (Unión por la Patria), sobre la propuesta de modificación. Se aprobó por unanimidad.

Uber ¿legal o ilegal?

En tanto, abrió la controversia sobre Uber Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical), quien mantuvo una fuerte postura a favor de su regularización durante toda la sesión. “Fue pésima, a mi entender, la decisión que tomó el Ejecutivo municipal de firmar un acta acuerdo (con los taxistas, luego de la manifestación en contra de la plataforma electrónica privada). Con esto, el mensaje que se dio es que en el momento en que los gremios frenen la ciudad e impidan que podamos manifestarnos en ella, van a obtener lo que desean”, criticó.

Además, planteó que “fue la persecución de una actividad que no es ilegal, porque no tenemos una legislación que indique que la prestación del servicio lo es. No es un delirio, sino que deriva del estudio concienzudo de la Constitución Nacional, del Código Civil y del Estado de derecho”. El radical Federico Romano Norri refutó la declaración. “Uber es inconstitucional. Aunque hablamos de cuestiones subjetivas, porque sí es cierto que siguiendo el principio general del derecho todo lo que no esté expresamente prohibido se puede realizar, no es así en materia de transporte. El Estado tiene la facultad de regular la actividad”, dijo. Si bien resaltó que la sociedad “se va modernizando” y que la aplicación funciona correctamente, insistió en que “tenemos que acogernos a la cuestión institucional”.

Por su parte, Carlos Arnedo (Acción Vecinal) sumó problemáticas al debate: “debemos trabajar para hacer una actualización integral del transporte público de pasajeros, normalizar las plataformas digitales, mejorar el servicio de taxis, discutir lo de las líneas rurales que ingresan al ejido municipales y avanzar hacia una competencia leal donde el usuario sea el único beneficio”. También lo hizo José María Franco (Unión por la Patria), haciendo alusión a la Ordenanza 3.713. “En su artículo 77 dice: ‘Cuando se verificare que un automóvil presta el servicio público de transporte de personas regulado por esta ordenanza, sin encontrarse su propietario autorizado a ello por carecer de licencia, la autoridad de aplicación procederá a secuestrar dicho automóvil e inmediatamente remitirá la actuación al Tribunal Municipal de Faltas’. Entonces, ¿lo vamos a seguir negando?”, dijo.

Más adelante, durante el tratamiento para que se disponga un período de regularización administrativa a las unidades que prestan el servicio de Sutrappa hasta octubre de 2024 -que Argañaraz votó en contra-, volvió a mencionarse a Uber. La cuestión giró en torno a que se concedió un plazo para los trámites que requieren los taxistas cuando el servicio “no es de calidad”. “Muchas veces -me cuentan- cuando se piden Uber, llegan taxis. Y nadie los rechaza; se suben y viajan con una tarifa de Uber. La otra vez, uno de mis hijos pidió un Uber y llegó un Fiat 1 modelo 86. Entonces ¿cómo es, quién regula? Entiendo que hay que modernizarse, pero hay que ser un poco más serios y no desconocer a los taxistas que viven de eso”, cuestionó el oficialista Gonzalo Carrillo Leito, seguido de Argañaraz que nuevamente defendió la plataforma.

A su turno, Franco aclaró que el proyecto en debate no hacía referencia a Uber, sino a cuestiones administrativas que competen al servicio de taxis. “No estamos analizando que ande un Fiat 1 modelo 80; es gente que está en regla y se le da un lapso para que acomoden los papeles para garantizar un buen servicio”, defendió. El radical José María Canelada agregó: “tiene que llegar a este recinto el debate sobre Uber. Hay una demanda social que existe y se materializa, nos guste o no nos guste. La sociedad demanda que tomemos alguna posición institucional”.

También se aprobaron unos proyectos más, como el que dispone la vacunación contra el dengue para el personal municipal que realiza tareas de erradicación del mosquito, el que declara de interés municipal el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y otro sobre establecer el desarrollo de superficies verdes en edificios públicos municipales.