La Asociación Argentina de Registros de la Propiedad Automotor respondió a la medida del gobierno de Milei por el cierre de oficinas en el país

"La medida dispuesta por el Gobierno nacional debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los Registros, que desde octubre del año pasado no se les actualiza sus emolumentos. Más allá de la pérdida que todas las oficinas vienen sufriendo desde hace meses, con estas nuevas medidas se profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio. En definitiva, hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva".

Así respondió la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (Aaerpa), entidad presidida por Alejandro Germano, con relación a la última medida de la administración de Javier Milei, oficializada este miércoles. 

La resolución estableció el cierre de 136 Registros Automotores seccionales ubicados en varias provincias y suspendió la apertura de otros 12. El objetivo, según el gobierno, es "reorganizar la estructura" en pos de "la reducción de la Administración Pública Nacional".

“Desde octubre del año pasado, el Ministerio de Justicia (nacional) no actualiza los emolumentos de los Registros Automotores en todo el país. Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12.000 puestos de empleo privado que trabajan en los registros. El costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del registro, quienes deben cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional, luz y alquileres. Porque los registros son estatales, pero de administración privada. Es decir, los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos.  En este sentido, el registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, agregó Aaerpa en un comunicado.

“El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este 2024, mientras que los registros seccionales no pueden afrontar siquiera los sueldos de los empleados, mucho menos una retribución justa por los servicios", finalizó.