El Gobierno de Milei contrató a los hijos de dos coroneles asesinados por el ERP en la dirección nacional de DDHH

El ministro de Defensa,Luis Petri, ha contratado a Silvia Ibarzabal y Arturo Larrabure, hijos de dos coroneles asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como asesores en la dirección nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ibarzabal, vicepresidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), y Larrabure, miembro del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), trabajan en coordinar programas de cooperación en el ministerio y definir políticas para el bienestar del personal del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Estos nombramientos refuerzan la línea del Gobierno respecto a la revisión de los delitos cometidos por organizaciones armadas en los '70 y rechazan el enfoque adoptado en las últimas décadas por organismos de derechos humanos. Aunque no se atribuye influencia directa de la vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida por su postura en estos temas, los nombramientos reflejan la visión de "memoria completa" sostenida por Ibarzabal y Larrabure, quienes han convertido su tragedia familiar en militancia activa.

La historia de los padres de los nuevos asesores es trágica: Jorge Roberto Ibarzábal fue secuestrado y asesinado por el ERP en 1974, mientras Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado y murió después de un año en cautiverio en 1975. Ambos casos han sido objeto de pedidos para que se investiguen como delitos de lesa humanidad. Estos eventos personales han impulsado a Ibarzabal y Larrabure a buscar justicia y reconocimiento para las víctimas de terrorismo.

El nombramiento de Ibarzabal y Larrabure podría indicar un cambio en las alianzas dentro del ámbito de los derechos humanos y las víctimas del terrorismo, y refleja una estrategia política que busca reconocer y revisar el impacto de la violencia armada en la historia reciente de Argentina. A pesar de las posibles tensiones dentro del Ejecutivo, estos movimientos subrayan un enfoque más inclusivo en la definición de las políticas de derechos humanos en el país.