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JOSÉ CANO
Tras los femicidios de Erika Álvarez y Luisa Mendoza, el legislador José Cano reclamó al Gobierno provincial que la Emergencia en Violencia contra la Mujer deje de ser una mera declaración administrativa, renovada año tras año, y se transforme en una política pública efectiva de protección.
En ese sentido, subrayó que si bien la herramienta legislativa es clave -motivo por el cual impulsó su prórroga- resulta insuficiente mantener la ley vigente sin una decisión política concreta que garantice su cumplimiento.
"No podemos naturalizar este escenario. En menos de 20 días de enero ya lamentamos dos muertes que nos duelen a todos. La realidad demuestra que hoy fallan o no se aplican las estrategias correctas para garantizar la ayuda proactiva a las víctimas, entre ellas la comunicación efectiva y el acceso a la información: las mujeres maltratadas muchas veces no saben a dónde concurrir ni dónde están ubicados los lugares de contención", afirmó Cano.
El parlamentario hizo hincapié en la falta de cumplimiento de los Artículos 6 y 7 de la normativa vigente, que exigen campañas de difusión masiva. "Si la información no llega, el Estado abandona. La emergencia debe generar empatía y acercamiento de las víctimas, no que sigan con miedo de ser asesinadas por no saber quién las puede proteger", dijo.
"Exigimos que se cumpla la ley y se informe masivamente dónde están los refugios y los centros de ayuda", sostuvo.
Por último, Cano reclamó que la Mesa Institucional deje de ser una formalidad y rinda cuentas sobre por qué, tras años de emergencia declarada, los índices de violencia continúan.
"Necesitamos que las herramientas que votamos en la Legislatura lleguen a cada mujer en peligro antes de que sea tarde", finalizó.
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