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Amnistía Internacional envió una nota oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos para alertar sobre un aumento significativo de los ataques a la libertad de expresión en Argentina.
Según el informe, durante la administración de Javier Milei, aproximadamente 30 periodistas han sido objeto de hostigamiento en redes sociales y medios de comunicación.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, destacó que, aunque el gobierno actual lleva poco tiempo en el poder, ya se observó una escalada preocupante de confrontación, odio, temor y difusión de noticias falsas, lo cual contraviene principios básicos del Estado de derecho.
En el comunicado emitido este miércoles, se subrayó que la plataforma digital X (ex Twitter) se ha convertido en la principal herramienta del gobierno para lanzar señalamientos y acusaciones.
A través de publicaciones y re-publicaciones, periodistas y comunicadores han sido blanco de ataques directos, siendo calificados con términos como "mentirosos", "ensobrados", "idiotas", "violentos", "agresivos", "despreciables" e "imbéciles".
Entre los afectados mencionados se encuentran Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi.
El documento también criticó la arbitrariedad con la que el gobierno decidió retirar la acreditación de la periodista Silvia Mercado y advirtió sobre la posible implementación de directrices restrictivas para la acreditación en la Casa Rosada, lo que podría limitar la libertad de prensa y el derecho a la información.
Amnistía Internacional reveló además que este tipo de ataques tiende a ser más perjudicial cuando las víctimas son mujeres, afectando tanto el debate público como la salud emocional de los afectados.
La organización enfatizó que una prensa independiente y crítica es crucial para el funcionamiento de un Estado de derecho, y expresó preocupación por el impacto que los discursos hostiles del mandatario libertario pueden tener en el clima general hacia los profesionales de prensa, fomentando el hostigamiento, las amenazas y la violencia, publicó Infobae.
Asimismo, recordó que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y llamó a la CIDH y a las Relatorías Especiales a tomar medidas urgentes, incluyendo exhortar al Estado argentino a abstenerse de usar discursos que criminalicen y a establecer recomendaciones específicas sobre el comportamiento de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones estatales en el periodismo.