La oposición buscará anular el decreto que asignó $100.000 millones para fondos reservados a la SIDE

Presentaron proyectos en contra del DNU diputados de Hacemos Coalición Federal y de la Coalición Cívica.

Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer.
25 Julio 2024

La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal (HCF) Margarita Stolbizer presentó un proyecto para anular el decreto del presidente Javier Milei que destina 100.000 millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para gastos de carácter reservado. En las últimas horas, también presentaron un proyecto en contra diputados de la Coalición Cívica.

Stolbizer calificó la decisión como "absolutamente ilegal, arbitraria e incoherente con el discurso del propio Gobierno".

Stolbizer argumentó que el Gobierno está abusando de los decretos sin justificar la necesidad ni urgencia para dictarlos, violando así la Constitución. Además, señaló que según la ley de administración financiera, los fondos reservados o destinados a las áreas de inteligencia "solo pueden ser asignados por el Congreso y no mediante un decreto". Esto resalta una preocupación sobre el uso indebido de recursos públicos y la falta de transparencia.

La diputada también criticó que estos fondos sean reservados y por lo tanto no sujetos a rendición de cuentas ni controles. Destacó la incoherencia del Gobierno al pretender auditar los recursos de las universidades autónomas mientras se asignan sumas significativas a sí mismos sin justificación. Stolbizer considera inmoral esta decisión en un contexto donde se recortan programas alimentarios y medicamentos por supuestas restricciones fiscales.

Sobre la modificación del Presidente al reglamento interno de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Stolbizer opinó que dicha modificación debería ser discutida en la Comisión Bicameral del Congreso y no ser decidida mediante un decreto. Espera que el Congreso rechace el decreto con una mayoría y exhortó al Gobierno a reconocer su error y revertir la situación. Finalmente, mencionó la reforma política, los fondos para educación y universidades, y el tratamiento de la ludopatía infantil como prioridades legislativas urgentes.



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