Causa YMAD: Los testigos hablaron de inconsistencias en proyectos de obras en la UNT

La segunda jornada con testigos del juicio que se le sigue al ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola y a otros ex funcionarios de la Casa de Altos estudios no hizo más que reafirmar que hubo al menos “inconsistencias” en el proyecto de obras que se había presentado, a raíz de lo cual las tres personas que hablaron ayer firmaron un dictamen en mayoría rechanzado lo que se había presentado. Cerisola, que fue rector entre 2006 y 2014, hizo que se diseñara un plan de obras y las hizo ejecutar en distintas áreas universitarias. La Justicia lo acusó de administración fraudulenta contra la administración pública (incumplimiento de deberes de funcionario público), respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la ley nacional de obras públicas.

Cuestionamientos

La primera en declarar fue la doctora en química Silvia Graciela Manca, quien fue parte de la comisión de Interpretación y Reglamento. “Se tomó la decisión de pedirle al rector mediante nota que nos haga conocer el plan de obras y de avances. Se veían obras en distintas unidades académicas, pero no sabíamos cómo se habían tomado la decisión de hacer esta o la otra facultad”, dijo. Y recordó: “cuando Cerisola se presenta como candidato en 2006 la facultad (de Bioquímica) lo apoyó, él decía que iba a construir la facultad, pero pasó el tiempo y no se hizo nada”. “Cuando tenemos elementos para evaluar cuestioné bastante las obras en el Consejo Superior. Nosotros analizamos todo, y había cosas que no terminamos de comprender, como lo de la casa 8 (una casa en San Javier), que terminó costando casi el doble de lo que se había presupuestado. Hicimos un dictamen con las observaciones que veíamos. Y con las cosas que no estábamos de acuerdo. No sabíamos cómo se decidía qué obra se hacía y qué no”, relató. A preguntas del fiscal Pablo Camuña, Manca explicó que “los fondos que se recibían siempre tenían auditoría, pero no recuerdo qué pasó con los fondos de YMAD. Nosotros objetamos que no había un plan, nos llamaba la atención cuando entraban remesas de YMAD se colocaban a plazo fijo, lo cual nos parecía bien, pero era en distintos bancos, era extraño que el mayor porcentaje de esos fondos se colocaban en financieras, aunque me dijeron que esas financieras pagaban más intereses”.

La distribución de las utilidades estaba establecida por la Ley 14.771, de creación de YMAD. La norma determinaba que el 60 % de las utilidades le correspondían a la provincia de Catamarca y el 40% a la UNT y que debía destinarse a la finalización de la Ciudad Universitaria que a fines de los años 40 la Universidad había comenzado a construir en San Javier. La ley dice que una vez concluido esto, debía destinarse la mitad de ese 40% a las otras universidades y la otra mitad quedaba para la UNT, de libre disponibilidad. En el acta de 2008 aparece declarada la culminación de la Ciudad Universitaria y se cambia la distribución. Años después el Consejo Superior declaró nula el acta.

“Había dudas, planillas incompletas, se habían comprado inmuebles en Buenos Aires y no sabíamos por qué o para qué. Estábamos hablando de montos importantes”, remarcó Manca, quien además destacó que “todo el dinero que envía el gobierno para las universidades es insuficiente. Nosotros no queríamos ocasionar ningún daño. Había cosas que nos quedaban claras, pero no sabíamos si estaba bien o mal, por eso queríamos que se realice un informe especializado. Yo no puedo decir si hubo algo ilegal o no, no puedo omitir un juicio”, finalizó.

Rechazo de los informes

Luego, ante el Tribunal conformado de forma presencial por el presidente Jorge Alejandro Basbús, de Santiago del Estero y los vocales (vía zoom) Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez, declaró el ex decano de la Facultad de Arquitectura, Pablo Holgado, quien también integró la comisión de Interpretación y reglamento. Según él, en ese ámbito “encontramos inconsistencias diversas que nos llevaron a no aprobar ese informe”. “A mi juicio había inconsistencias exógenas: la primera era que la ley de YMAD decía taxativamente en qué debía gastarse el dinero que se recibía, y decía de la construcción de la ciudad universitaria, es decir en San Javier. Pero cambiaron el destino de los fondos. Se entendió que la ciudad universitaria en San Javier era obsoleta, y se gastó en inmuebles de San Miguel de Tucumán y alrededores. Esto ya tiñó todo de ilegalidad”, dijo. “La segunda inconsistencia fue la decisión de terminar las obras, se obviaron trámites”, remarcó. Y continuó: “la tercera inconsistencia fue la dos resoluciones del rectorado 365 y 366; en una se aparta de la ley de Obras Públicas, que creó un régimen especial de obras y en la otra de las leyes y normas que rigen la administración financiera de los entes nacionales. Un ciudadano común no puede cambiar leyes nacionales”. “Yo me adherí a no aprobar estos informes. Había información que no estaba presente. Había gastos de compras de inmuebles, de vehículos, de toner, y eso no era obras, eran desvíos de los destinos de los fondos. Había 100 obras pautadas y solo 1 fue realizada por licitación pública abierta con igualdad de condiciones para todos. Me llamó la atención”, dijo. Y luego aseveró: “Había un sistema que se llamaba autoritativo que obligaba a hacer las cosas obligatoriamente y modificaba la ley de autorizaciones financieras. Se hicieron 33 viviendas, entre ellas la famosa casa 8, que valía lo mismo que otras 32 casas”.

Finalmente fue el turno de María Isabel Ferrari, ex decana de la facultad de Odontología, quien brindó un testimonio similar. “Había incongruencias y queríamos que se conforme una comisión de expertos para aclararlas”, dijo. “Particularmente me llamó la atención que se colocara dinero en bancos que no eran tan conocidos y había resoluciones por las cuales se aumentaban los montos de la obra que se había presupuestado”, recordó.

La audiencia continuará hoy a las 9.30 con más testimonios.