En la Legislatura, impulsan la idea de propiciar la información pública electoral

La reforma política y electoral se mantiene en la agenda de la Legislatura, donde oficialistas y opositores elevan propuestas de cara a este debate, incluya o no una revisión de la Constitución provincial. Y, en ese marco, una iniciativa promueve el concepto de información pública electoral.

La idea está incluida en los proyectos aportados por la peronista Carolina Vargas Aignasse, presidenta de las comisiones de Peticiones y Acuerdos y de Digesto Jurídico en la Cámara provincial.

El primero de los textos apunta a derogar la actual Ley de Partidos Políticos y a crear un nuevo marco legal para estas instituciones. Allí, entre los 120 artículos -la norma actual cuenta con 61-, se plantea por un lado la creación de la Dirección de Estadística Electoral, dependiente de la Junta Electoral Provincial (JEP).

“Entendemos que esto es crucial para asegurar un análisis objetivo y detallado de cada elección y de los asuntos político-electorales en general. Los informes estadísticos permiten identificar áreas de mejora en el sistema electoral, garantizando que se puedan hacer ajustes basados en datos concretos. Estos análisis también pueden contribuir a una mayor confianza pública en los resultados electorales”, planteó la dirigente del PJ.

Además, el proyecto incorpora un nuevo título de capítulo único, referido a la información pública electoral, con tres ejes clave. El primero es la publicidad del Registro de Afiliados, calificado como “esencial para la transparencia interna de los partidos políticos”. El objetivo es que, al permitir el acceso público a esta información, “se garantiza que el proceso de afiliación sea abierto y controlable por los ciudadanos, lo que previene la manipulación de los padrones y refuerza la confianza en los procesos internos de los partidos”.

El segundo punto es la publicación de información clave sobre los partidos políticos y sus actividades (autoridades, números de afiliados, historial electoral, etcétera) en un sitio web de acceso libre. La intención es dar “un paso esencial hacia una mayor transparencia y participación ciudadana”. Con esto, los ciudadanos “podrán estar más informados sobre los partidos políticos, lo que es lo que es fundamental para tomar decisiones informadas al momento de votar y participar en la vida política”.

En tercer lugar, se marcó que estas disposiciones tienen por objeto “que el sistema electoral sea más transparente, no sólo en cuanto a los resultados, sino también que la ciudadanía tenga acceso a información vital sobre el funcionamiento de  los partidos políticos y el proceso electoral en su conjunto”. Y se advirtió que “esta transparencia es clave para fortalecer la confianza pública en el sistema democrático”.

Conflictos electorales

El proyecto de ley de Partidos Políticos se complementa con una propuesta para crear un Juzgado Electoral en la Provincia. Este órgano, a diferencia de la Junta Electoral Provincial, no tendrá a su cargo la administración del proceso electoral, sino que su objetivo será resolver los conflictos que puedan presentarse en la contienda.

“Proponemos la creación de la figura de un árbitro imparcial, cargo al que se accede por  concurso público ante el Consejo Asesor de la Magistratura. Entendemos, que la creación de este  juzgado no solo va a tener implicancias en la resolución práctica de situaciones que se presenten a su  análisis, sino que tiene una implicancia simbólica muy fuerte e importante. Dará claridad y certeza, porque se generará una jurisprudencia electoral que marcará un camino de interpretación y aplicación de  las normas”, planteó la legisladora.

Algunas características de este proyecto es que están contemplados los concursos y designaciones en idénticos términos que todos los juzgados de la Justicia provincial; su competencia sería en todo el territorio provincial, y sus recursos serían asignados directamente por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT); estaría a cargo del control y fiscalización patrimonial de los partidos, mediante el examen, aprobación o desaprobación de los estados contables que deberían presentarse por Ley de Partidos Políticos; entendería en segunda instancia en las decisiones de las juntas electorales partidarias, y en decisiones electorales de colegios profesionales, asociaciones civiles, sindicatos y gremios; y tendría competencia en todos los amparos electorales que se presenten en el marco del Código Procesal Constitucional (CPC).