Reforma constitucional, “una iniciativa que pasa de la ambición al escepticismo”

El gobernador Osvaldo Jaldo ya dejó plasmada su intención de reformar la Constitución provincial del 2006. Su iniciativa radica en dos ejes centrales: por un lado, solucionar y regularizar todos los artículos que en la Carta Magna local resultaron cuestionados, declarados inconstitucionales o letra muerta que no se aplica en las tierras tucumanas; por otro lado, generar una alternativa definitiva al régimen electoral de acoples, uno de los malestares de mayor magnitud entre la opinión pública tucumana. 

Este análisis surge de un reporte elaborado por la Fundación Federalismo y Libertad. En lo que respecta a los acoples, la entidad advierte que el gobernador enfrenta un equilibrio inestable. Aunque desde su posición como mandatario manifiesta su inclinación a eliminar el esquema, es consciente de que fueron precisamente las distorsiones y asimetrías de ese sistema las que lo llevaron al poder y resultaron tan beneficiosas para el PJ tucumano. “Estas fuerzas opuestas lo conducen a tomar posturas que, en ocasiones, parecen contradictorias: en algunos momentos, sugiere que no se avanzaría hacia la eliminación completa de los acoples, sino hacia una reducción; mientras que en otras ocasiones, desde la Casa de Gobierno, se comunica que los acoples se eliminarían por completo”, detalla.

Otro aspecto en el que Jaldo hizo hincapié es que la reforma debe surgir del consenso. Sin embargo, lejos de garantizar una elección justa para la convención constituyente, desde el entorno del gobernador se asegura que esta se llevará a cabo con la presencia de los acoples tal como se conocen y separada de las elecciones legislativas nacionales de 2025, considera Federalismo y Libertad. Esto no solo asegura que el PJ siga aprovechando las asimetrías favorables que el sistema de acoples les otorga, sino que evita posibles sesgos desfavorables que se generarían al separar las boletas constituyentes de la elección nacional. No es coherente manifestar la intención de una reforma basada en el consenso mientras se persiste en mantener las reglas electorales, casi abusivas, que imperan en la provincia, expone el informe.

Por otra parte, un llamado a reformar la Constitución debe implicar necesariamente cambios rotundos en el estado institucional tucumano. “Llamar a una convención constituyente conlleva costos significativos, tanto para el fisco como para el agotamiento ciudadano, al añadir una nueva elección en el calendario de 2025. Además, una vez reformada la constitución, es probable que pasen décadas antes de una nueva revisión, lo que hace aún más costoso cargar con reformas mal diseñadas o incompletas”, puntualiza. En este sentido, acota, si la iniciativa no contempla reformas profundas, sería preferible llevar a cabo modificaciones a través de leyes ordinarias en lugar de reformar la Constitución provincial:

• Acoples electorales. Si no se busca eliminar completamente los acoples, no es necesario convocar a una reforma constitucional. Existen mecanismos legislativos para limitarlos, como imponer un límite explícito, aumentar significativamente los requisitos para la creación de partidos políticos en términos de afiliación y residencia de sus miembros, o establecer una ley estricta de financiamiento partidario.

• Acceso a la información y ética pública. Actualmente, solo hay un proyecto de reforma constitucional en la Legislatura, presentado por el vicegobernador y algunos legisladores oficialistas. Este propone, entre otros elementos, la adhesión de la provincia a las leyes nacionales de acceso a la información pública y ética en la función pública. Sin embargo, esto no requiere una reforma constitucional, ya que desde hace años existen múltiples proyectos de ley opositores para implementar esas normativas en la provincia.

• Recursos y erogaciones del Estado. Las reformas sobre la presión impositiva, la estructura de los recursos y del gasto y el régimen de coparticipación pueden ejecutarse mediante leyes, sin mayores impedimentos. Si hubiera voluntad política, estos temas podrían tratarse en la Legislatura, pero lo que ha prevalecido ha sido la tendencia a obstruir, no a promover estos debates.

En definitiva, dice la fundación, “la reforma es una iniciativa que trasciende de la ambición al escepticismo”.