16 Septiembre 2024
El diputado Mariano Campero subió a X imágenes que muestran la buena sintonía entre los radicales y Javier Milei
La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) suspendió preventivamente las afiliaciones de cuatro diputados del partido que ayudaron a confirmar el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Los legisladores sancionados son Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes habían votado a favor de la ley en junio, pero cambiaron su postura tras reunirse con Milei. El veto impidió que la Cámara de Diputados lograra los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial.
El caso fue elevado al Tribunal de Ética del partido, que podría sancionar a los legisladores con la expulsión definitiva. Además, se investigarán las ausencias de los diputados Roxana Reyes y Gerardo Cipollini en la sesión. La suspensión de los derechos partidarios de los cuatro legisladores fue decidida con 10 votos a favor, mientras que solo los representantes de Mendoza y Misiones se opusieron. La votación para que el Tribunal de Ética examine los casos obtuvo 11 votos a favor y 1 en contra.
El partido justificó la medida argumentando que los diputados sancionados incurrieron en una "grave inconducta partidaria", al cambiar su voto y apoyar el veto presidencial, lo que dañó la credibilidad del partido. Los legisladores se habían reunido previamente con Milei en la Casa Rosada, lo que marcó un punto de inflexión en su postura sobre la ley de movilidad jubilatoria.
El bloque radical manifestó su descontento con los diputados disidentes a través de un comunicado, donde expresó su "malestar y repudio" por la actitud de estos legisladores, que rompieron un acuerdo unánime del bloque y votaron en favor del veto presidencial. Consideraron que este cambio de postura perjudicó la ética del radicalismo y su credibilidad ante la ciudadanía.
La ley vetada por Milei proponía un incremento en las jubilaciones que había sido aprobado por el Congreso. Sin embargo, el presidente argumentó que la medida afectaría negativamente el superávit fiscal. Los votos en contra y las ausencias de algunos legisladores facilitaron que el veto presidencial prevaleciera.
El partido radical también propuso la conformación de una mesa de diálogo entre sus autoridades y legisladores, con el objetivo de evitar futuras situaciones similares. Mientras tanto, el Tribunal de Ética, compuesto por tres miembros, será el encargado de determinar la sanción definitiva para los diputados suspendidos.
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