Por Gustavo Rodríguez
28 Septiembre 2024
“Si bien contamos con una oficina en la fuerza, se trabajará en un sistema en el que se sepa la situación de cada uno de los detenidos condenados que están alojados en las comisarías”, sostuvo el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
La crisis carcelaria desató varias polémicas durante la semana que se acaba. Se confirmó que Abel Delgado (27) fue prácticamente abandonado a su suerte en un calabozo de la seccional 11°, pese a ser un paciente HIV. Sus compañeros de encierro lo filmaron para que recibiera atención. Fue trasladado al Hospital Avellaneda donde falleció a las pocas horas de haber sido internado.
A raíz de esa situación, el responsable del Comité Provincial de la Tortura, Fernando Korstanje, explicó que la Policía le informó que en las comisarías de la provincia hay unos 250 condenados que cumplieron la mitad o los dos tercios de la condena, por lo que les corresponde recuperar la libertad, acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional, pero siguen alojados en las dependencias policiales.
Actualmente, en las comisarías hay alojadas unas 2.200 personas, de las cuales, al menos 1.350 ya fueron sentenciadas por la Justicia. “Estamos trabajando con el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia para que haya una sola base de datos que tenga la información de todas las novedades. No sólo la cuestión del tiempo del cumplimiento de las penas, sino también todas las novedades disciplinarias y enfermedades que puedan tener”, explicó Agüero Gamboa.
El sistema
Korstanje informó que el problema se registra porque los jueces de Ejecución, por el sistema adversarial, no pueden gestionar la libertad de los presos y que son las partes, especialmente los defensores, los que deben iniciar el proceso. Sin embargo, el comisionado aclaró que son ellos los que inician los trámites por el pedido del personal de la Policía.
Supuestamente, esa tarea la deben desarrollar los defensores de los detenidos, que en más de un 80% son oficiales, pero la realidad indica que no están al tanto de su situación. El otro recurso es que Oficina de Gestión de Ejecución informe a los jueces de la especialidad de las novedades para que ellos notifiquen a los abogados para que comiencen con los trámites.
“Tenemos que reconocer que por la buena voluntad de la Policía y del Servicio Penitenciario podemos dar respuestas a muchas situaciones. En el sur de la provincia hay una gran coordinación con la OGA que nos tiene al tanto de la situación de todos los condenados”, explicó la jueza de Ejecución Alicia Merched. “Ellos también son los que elaboran los informes para determinar si el detenido está en condiciones de acceder a los beneficios que por ley le corresponde”, aclaró. En un acto que se desarrolló ayer en la Jefatura de Policía, el gobernador Osvaldo Jaldo indicó que ya están en las etapas finales de la construcción de una parte del penal de Benjamín Paz y de la alcaldía de Delfín Gallo. Estiman que allí serán trasladados unos 1.000 detenidos que hoy están en comisarías.
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