Lanata y el bozal legal

La semana pasada llegaron notificaciones a distintos medios sobre una resolución de la jueza Lucila Córdoba que prohibía referirse a Jorge Lanata y a su esposa. Como es sabido, el periodista está internado –con algunas interrupciones en los que volvió a su casa- desde mediados de junio. También es ampliamente conocido por el público que se desataron graves conflictos entre miembros de su familia que derivaron en denuncias judiciales. La orden de la jueza pretendía que no se hablara más de eso a través de un “bozal legal”.

La figura es claramente inconstitucional. El artículo 14 de nuestra Constitución prohíbe la censura previa. La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene entre nosotros jerarquía constitucional, explaya el concepto señalando que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Pero, aclara, esto no significa impunidad. Esa libertad trae aparejadas responsabilidades ulteriores. Cada uno debe hacerse cargo de lo que dice si vulnera la intimidad o el honor de las personas. Lo que no se puede es impedir que lo diga. Los eventuales daños que puede generar un discurso son menores comparados con los que acarrea su restricción. Esa idea está en la base conceptual de las democracias modernas para garantizar un debate público intenso. La democracia, en definitiva, no existe sin ese diálogo entre sus ciudadanos. Si este de condiciona o se degrada, es el propio sistema el que se erosiona. La censura es siempre la primera tentación autoritaria.

Por eso un juez, o cualquier otro funcionario estatal, no puede decidir qué es lo que puede leer, ver o escuchar la ciudadanía. Podrá, en todo caso, juzgar la responsabilidad de lo que se hizo público, ex post, no ex ante.

Lo paradójico del caso es que tiene como protagonista a una de las mayores figuras públicas de nuestro país. Es imposible no hablar de lo que le pasa; es tratar de tapar el sol con un dedo. Lo más contradictorio es que Lanata es uno de los mayores símbolos de la libertad de expresión en la Argentina. Se nutrió de ella para el ejercicio de su oficio y extendió sus límites.

En las últimas horas, la jueza Córdoba revocó su polémica resolución. Lo hizo, según explicó, después de consultar al propio Lanata. Desde la cama, y con las limitaciones que sufre, el periodista le dio una lección sobre libertad de expresión.

Uno de los casos más recordados de censura previa entre nosotros ocurrió en 1992. La producción de Tato Bores recibió un llamado en el que se le notificaba que la jueza María Romilda Servini de Cubría, enterada de que en un segmento del programa se burlarían de ella, había obtenido una cautelar por la que se prohibía que fuera mencionada. Tato resolvió organizar un sketch al que convocó a decenas de los más conocidos actores, músicos y periodistas de la época. Todos entonaban el estribillo de una canción que decía “La jueza Barú Budu Budía es lo más grande que hay”. De ese modo eludían la prohibición de la mención del nombre y simultáneamente lograban burlarse de la censura. Es una de las escenas más recordadas de la televisión argentina.

Una escena muy similar, inspirada en la primera, se produjo veinte años más tarde. Eran años en los que la presidenta de la Nación no concedía conferencias de prensa, no había una ley de acceso a la información pública, no se respondían las preguntas del periodismo independiente y este sufría la mayor embestida desde el regreso de la democracia. Un coro de un centenar de los periodistas más destacados de nuestro país entonaba un estribillo en la emisión en vivo del programa más visto de las noches dominicales. “Queremos preguntar”, repetían. El director del coro era Jorge Lanata.