Por Gustavo Rodríguez
Hace 5 Hs
PENSATIVO. Felipe “El Militar” Sosa en un momento de la audiencia.
Ya no lucía la cabeza ni el rostro prolijamente afeitados. “La incertidumbre es el peor enemigo de un soldado”, declaró Felipe “El Militar” Sosa en la audiencia realizada ayer, en la que se aceptó que sea evaluado por un especialista en salud mental. El perito tendrá 48 horas para diagnosticarlo e informar si debe recibir un tratamiento por el síndrome de abstinencia que dijo estar sufriendo.
Sus defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, solicitaron que se abordaran los problemas de abstinencia que atraviesa el acusado del crimen de Érika Antonella Álvarez. “Está atravesando una severa crisis y necesita ser asistido, ya que en el penal de Benjamín Paz, donde cumple prisión preventiva, no se brinda ese tipo de contención”, indicaron.
Cosiansi también señaló que sus anteriores abogados cometieron un error al recomendarle que declarara que era un consumidor social de marihuana. “Eso no es así. Incluso, en varios medios de comunicación se difundió que en las fiestas a las que asistía había platos con cocaína”, sostuvo.
El letrado solicitó que Sosa fuera trasladado a un hospital público para ser entrevistado por un especialista en salud mental, quien deberá definir si es necesario que se someta a un tratamiento. “No se pueden desatender los problemas de salud de una persona procesada. Vamos a aceptar lo que determine quien lo evalúe, pero pedimos que no sea alguien perteneciente al Ministerio Público. Creemos que lo más conveniente es que sea trasladado y diagnosticado en un hospital público”, afirmó.
La auxiliar Luz Becerra, siguiendo instrucciones del fiscal Marcelo Leguizamón, aclaró la situación. “Antes de que fuera alojado, un perito lo examinó y fue contundente en su diagnóstico: determinó que no estaba intoxicado ni presentaba síntomas de abstinencia. No nos oponemos a que reciba atención médica, pero sí a que abandone el penal”, señaló.
Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, coincidió con la postura de la acusación. “Por experiencia propia, puedo decir que es mucho más conveniente que al informe lo realice alguien que se traslade hasta el penal”, sostuvo.
Los defensores denunciaron además las condiciones de encierro que está atravesando Sosa. “En la primera audiencia advertimos que durante su traslado fue maltratado y que lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán. Sigue padeciendo malos tratos, presión psicológica y violaciones a sus derechos”, denunció Cosiansi.
Flores agregó que no pueden entrevistarlo en condiciones adecuadas. “Cada vez que lo hacemos, nos asignan una sala separada por un vidrio, está acompañado por personal penitenciario y permanece con las manos y las piernas esposadas”, indicó.
Becerra dijo no estar al tanto de esa situación y aclaró que no es responsabilidad del Ministerio Público modificarla. No obstante, sostuvo que el planteo debe ser analizado para evitar que vuelva a ocurrir. Garmendia coincidió con esa apreciación.
“Estoy viviendo un momento difícil. Cuando uno consume, piensa que todo está bajo control, pero ahora me doy cuenta de que no es así”, declaró el acusado de homicidio simple. “Aprovecho la situación, señor juez, para pedirle que me permitan tener contacto con otros internos, ya que estoy solo y no puedo hablar con nadie”, agregó.
Antes de dar a conocer su fallo, el juez Eduardo González señaló que no observó que Sosa estuviera afectado por un síndrome de abstinencia. Sin embargo, consideró necesario atender los planteos de la defensa. Por ese motivo, ordenó que un especialista en salud mental lo evaluara y emitiera un informe sobre su estado para definir los pasos a seguir. Además, dispuso que el Servicio Penitenciario elabore un reporte sobre sus condiciones de encierro. Se otorgó un plazo de 48 horas para cumplir con lo solicitado, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $500.000 por día.
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Erika Antonella Álvarez
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