El juicio a Cerisola: “No había manuales de procedimiento”

La falta de controles y de información para contrastar evidencias quedó nuevamente en evidencia durante la declaración de dos testigos pertenecientes a la Auditoría General de la Nación (AGN) que declararon ayer en el juicio que se le sigue al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), contador Juan Alberto Cerisola y a los ex funcionarios de la casa de Altos Estudios Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.

La causa se relaciona con el manejo de unos $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio.

Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que corespondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.

La primera en declarar ante los miembros del Tribunal Oral Federal, conformado por Ana Carola Farías (quien estuvo en forma presencial), Jorge Alejandro Basbús, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, (estos últimos de manera virtual), fue Gladys Domínguez, contadora de la AGN, quien destacó que trabaja en el organismo desde su creación en 1993. Ella rubricó un informe en el año 2012 sobre las operaciones realizadas por la UNT en el período 2008, y explicó que hay una manda legal a partir de la cual se debe auditar las universidades. Sin embargo comenzó diciendo que a pesar de que para realizar su análisis se requirieron numerosos informes, no lograron obtener copias de estados contables ni de las notas. Sin embargo aclaró que lo que ellos realizaron fue una auditoría de gestión, por lo que no se omite opinión. Así, dijo, encontraron por ejemplo “una diferencia de más de 214 millones entre dos informes en dos sistemas de registros, en un cuadro que compara los ingresos”, y explicó que “el sistema Comechingones es el registro contable de la Universidad y acá coincidía versus otro cuadro que conforma información de cierre. Es una inconsistencia entre los montos de los cuadros, es un error en la exposición de la información”. También alertó que no se tenían reflejo de aperturas de cuentas bancarias. “Es una falta de cumplimiento normativo, ya que faltaban autorizaciones”, dijo. También especificó que “no había manuales de procedimiento, por lo que se afectaba el control de las operaciones”, y que “se vulneraban las normas de administración financiera”, tras lo cual recordó que nunca pudieron tener acceso a los informes de YMAD para contrastar.

Irregularidades

La causa comenzó en 2010 cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

Los defensores de los acusados son Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen por Cerisola, Víctor Taleb, por Sacca, Alfredo Falú, por Cudmani y Mariano Galleta por Venturino. El Ministerio Público Fiscal está representado por Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, en tanto que la querella está a cargo de Rodolfo Burgos.

Luego declaró el abogado Sergio Firone, quien también realizó una auditoría de gestión sobre el plan de obras que encaró la UNT con recursos provenientes de YMAD para “la construcción de la Ciudad Universitaria”. Su auditoría se realizó durante el año 2010, sobre el ejercicio 2019, y fue aprobada en 2013. Y aclaró que los recursos que la universidad había recibido de YMAD eran públicos. También dijo que la propia ley advertía que el presupuesto se debía utilizar con planos ya aprobados, y que por eso se hablaba que los fondos recibidos estaban destinados a la Ciudad Universitaria. “Si se dictaba alguna modificación era potestad del Consejo Superior, no del rector”, explicó. Y habló sobre los anticipos financieros que se entregaron desde la Universidad ya que, dijo, al no estar contemplados en la ley de Obras Públicas, se estaba beneficiando a los contratistas. También dijo que se realizaron obras complementarias que no estaban previstas en el proyecto original. Y referido a la conocida como Casa 8 indicó que los trabajos se realizaron mal, y que se los tuvo que rehacer.

Las audiencias se reanudarán el 21 de octubre.