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DESCONTROL. Los manifestantes se comportaron de manera violenta ARCHIVO
El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenó hoy la extradición de los brasileños que protagonizaron el ataque a la sede del Gobierno y el Congreso carioca durante la asunción de Luis Ignacio Lula Da Silva.
Se trata del grupo de militantes bolsonaristas que destrozó los edificios de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 y que, conforme confirmaron al portal Infobae fuentes con acceso al expediente, se encuentran en Argentina en calidad de “refugiados”.
La Policía Federal brasileña fue la que realizó el pedido de extradición al Supremo Tribunal Federal de Brasil. Según el procedimiento, el juez Moraes lo remitió al Ministerio de Justicia. A partir de ahora, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del departamento debe evaluar si el caso se ajusta a los tratados internacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a cargo Mauro Vieira, se contactará con la Cancillería argentina para dar cuenta de la situación. El diplomático brasileño tiene excelente relación con la canciller Diana Mondino. No obstante, la tensión constante entre Javier Milei y Lula, por diferencias ideológicas, dificulta la gestión de este litigio.
Según publicó el mencionado sitio, desde La Libertad Avanza deslizan que si se trata de un procesamiento por motivos “político”, Argentina deberá “dar asilo o resguardo” a los dirigentes que se encuentran en el país. La Policía Federal de Brasil estima que se trata de entre 50 y 100 partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro acusados de vandalismo e insurrección que huyeron a Buenos Aires. Según esa información, los militantes habrían ingresado al país después de que Milei llegara al poder, el 10 de diciembre.
La mayoría del listado de militantes ya fueron juzgados y tienen condena por el Supremo Tribunal. Obtuvieron penas que van desde ocho hasta 17 años de prisión por planear un “golpe de Estado”, conforme indicó un alto oficial de policía con acceso a la investigación.
Este año, desde Brasilia habían solicitado a la Policía argentina que identificara el paradero de los militantes bolsonaristas y dé detalles de su situación en el país antes de solicitar su extradición. Los prófugos tenían restricciones de movimiento ordenadas por la Justicia. Incluso, algunos rompieron las tobilleras electrónicas que les habían colocado
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