Por Federico Türpe
27 Abril 2026
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Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
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Cuestionan a la Defensoría del Pueblo de Tucumán por un presupuesto de $10.000 millones, destinado en un 97% al pago de salarios para una planta de casi 800 empleados estatales.
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Con 60 cargos jerárquicos superpuestos, el organismo encargado de frenar abusos de poder enfrenta críticas por su ineficiencia en medio de un contexto de ajuste fiscal provincial.
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Esta denuncia podría forzar una reestructuración de la entidad, reflejando la creciente presión política por reducir el gasto público y optimizar las estructuras del Estado.
PROPÓSITO. La Defensoría del Pueblo, ubicada en Balcarce 64, interviene “contra abusos de la administración y los poderes públicos.
Es difícil entender un organigrama con tantos solapamientos, como por ejemplo que exista una Secretaría de Relaciones Institucionales, una Dirección de Relaciones Institucionales, una Secretaría Ejecutiva IX de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial, y una Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial.
Cuesta comprender las diferencias concretas que existen entre la Secretaría de Desarrollo y Monitoreo Institucional, la Secretaría Ejecutiva XII de Desarrollo y Monitoreo Institucional, la Subsecretaría de Desarrollo y Monitoreo Institucional, la Dirección de Desarrollo y Monitoreo Institucional, la Subdirección de Desarrollo y Monitoreo Institucional, y la Oficina de Desarrollo y Monitoreo Institucional.
También existen otras cinco secciones, de distintas categorías, que se ocupan de asuntos de “Despacho”.
Además hay cinco súper secretarías, que sólo tienen por encima al Defensor del Pueblo y a los dos defensores adjuntos, y otras cinco Secretarías Ejecutivas “a secas”, sólo diferenciadas por números romanos.
El organigrama completo de la Defensoría lo completan 60 oficinas con nivel jerárquico.
Por debajo de los 60 “jefes y jefas” vienen los empleados administrativos ejecutivos y luego el resto, sin asignaciones específicas, según las planillas, para totalizar 486 asalariados en planta permanente, además de entre 250 y 300 contratados, número que fluctúa cada año.
LA GACETA tiene en su poder la lista con los nombres de los empleados, que no puede publicarse por respeto a la privacidad de las personas, aunque sí se puede revelar que los apellidos conocidos o con vinculaciones o parentescos políticos es apabullante.
En el presupuesto de 2025, que terminó siendo de $8.700 millones, el 97% fue para erogar sueldos. Y para este año se calcula lo mismo: 96,87%.
De los $9.200 millones proyectados, que terminarán siendo más de $10.000 millones a final de año, $9.000 millones van para “Gastos de Personal”; $120 millones para “Servicios no Personales”; $90 millones para “Bienes de Uso”; y $80 millones a “Bienes de Consumo”.
“Dejar de mentir”
Esta información sensible, que no era pública hasta ahora, surgió de una indagatoria realizada por el legislador José Seleme (Avanza Tucumán) y su equipo. Y explica de algún modo la lucha encarnizada por ese cargo: $10.000 millones (diez veces más de lo que la Provincia destina para Salud Mental y Adicciones) y un coto de caza de 800 empleados, el equivalente a entre 12 y 14 sublemas de la Capital.
“No se eligió un defensor del pueblo, se pagaron favores políticos”, afirmó Seleme, quien además cuestionó la designación de Agustín Fernández para ese cargo, nombre que, por otro lado, se mencionaba desde hace un mes como “seguro” en las pasillos legislativos, porque ya había sido bendecido por el gobernador Osvaldo Jaldo.
“Se eligió un político, cuando debería haber sido todo lo contrario, alguien independiente, idóneo y con autoridad moral para controlar el poder y defender a los vecinos, no alguien surgido de la misma estructura que hoy debe controlar”, afirmó. “El Defensor del Pueblo no debe ser producto de la política, debería ser el límite a la política, y no para que Jaldo pague favores políticos”, sostuvo.
“En una provincia con tantas urgencias y necesidades, 10.000 millones de pesos para una estructura política es una vergüenza”, expresó. Además, subrayó que sus resoluciones no son vinculantes y que con 10 abogados, 10 administrativos y dos personas que hagan café y cuiden la puerta sería suficiente.
“En el organigrama de la Defensoría del Pueblo se puede ver que está llena de direcciones y secretarías. Esto no es un invento mío. Son datos del Presupuesto de la Defensoría del Pueblo para 2026”, señaló.
Seleme concluyó que la elección no respondió al objetivo de fortalecer la defensa de los ciudadanos. “Hay que dejar de mentirle a los tucumanos. No se eligió un Defensor del Pueblo, alguien que defienda los intereses de los tucumanos. Lo que se eligió es, una vez más, usar al Estado provincial como una agencia de colocación para los amigos”.
Revisar el presupuesto
Agustín Fernández, ex concejal de Aguilares, tres veces intendente de esa ciudad durante la gobernación de José Alperovich y luego diputado nacional, fue elegido por los legisladores el viernes 6 de marzo como el nuevo Defensor del Pueblo, por 38 votos a favor, seis votos para Claudia Boyanovsky y cuatro abstenciones.
En un principio hubo 46 candidatos para ocupar ese cargo, que terminaron reducidos a una terna, como estipula el procedimiento, que completaron los abogados Boyanovsky y José Alcaraz.
El llamativo número de aspirantes a “defender al pueblo” se explica seguramente por el tamaño del botín político y presupuestario que representa, como lo confirman los números que reveló Seleme.
“Los próximos días vamos a revisar el presupuesto y las funciones que cumplen los empleados, no puedo adelantar nada sin conocer bien la situación”, declaró Fernández al ser consultado al respecto, aunque le llevó tranquilidad a los trabajadores de esa repartición. “También debo conocer cuáles son los temas más urgentes para resolver que deja pendiente la gestión anterior”, agregó en declaraciones periodísticas.
La Defensoría del Pueblo de Tucumán fue creada hace 31 años, en 1995, mediante la Ley 6.644. En los considerandos de la norma se establece que se trata de “un órgano independiente para la defensa y protección de los derechos fundamentales de los habitantes”. Según la misma ley, la institución, ubicada en Balcarce 64, interviene “contra abusos de la administración y los poderes públicos”, pese a que en la actualidad está plenamente integrada y conducida por la “familia política”.
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