Causa YMAD: “Todos violaron la ley en el tema planos para tener dinero de libre disponibilidad”

“Lo que hoy es claro es que se violó la ley 14.771 (de creación de YMAD) con ese convenio. Si se quería hacer otra ciudad universitaria había que cambiar la ley. El convenio tenía dos fallas: el que firmó, el contador Cerisola, no tenía autoridad para hacerlo. Pasamos de cobrar 100 a cobrar 50 y eso debía autorizarlo el Consejo Superior y la otra es que daba por ciertos hechos inexistentes, por lo que era nula”. Con esta firmeza el ex consejero por los egresados de la Universidad Nacional de Tucumán, Ricardo Cisneros, declaró ayer en el juicio que se le sigue al ex rector de la Casa de Altos Estudios, Juan Alberto Cerisola, y a tres ex funcionarios universitarios por los fondos recibidos por utilidades mineras.

Cisneros, ingeniero y ex miembro de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y en la de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior (entre 2014 y 2018), fue uno de los que más se opuso a la resolución firmada por Cerisola a principios de 2008 en la cual se daba por concluida la idea de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier y se la reconvertía en la “Ciudad universitaria del siglo XXI”, promoviendo obras en las distintas dependencias universitarias.

El testigo, al declarar durante más de siete horas ante los jueces del Tribunal Oral Federal Ana Carina Frías (en forma presencial) y Jorge Alejandro Basbús y Enrique Lilljedahl (en forma virtual), recordó que el “22 de de septiembre del 2014 concurrió a una reunión del Consejo Superior Florencio Aceñolaza, a brindar un informe de fin de gestión, ya que terminaba su labor como director por la UNT en YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), y dijo cosas muy trascendentes. Afirmó que a través de un acta la UNT había perdido unos 500 millones de pesos o unos 100 millones de dólares de esa época”; “Había llegado una auditoría de la Sigen del año 2013 y pedí que me la mostraran pero me dijeron que la busque yo. Esa auditoría me llegó desde un mail, y yo la distribuí. Queríamos saber dónde estaba ese instrumento que había hecho que la universidad perdiera ese dinero”, explicó el testigo a preguntas de los representantes del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña y Lucía Doz Costa. “Luego vimos -agregó- el convenio del 2 de enero del 2008 firmado por el ex rector Cerisola. Un abogado, cuando consulté, me dijo que había irregularidades que podían ser ilícitas. Luego me llama la rectora (Alicia) Bardón y (Augusto) Gonzalez Navarro (Director General de Asuntos Jurídicos) y me dijeron que no había ninguna causa penal. Yo soy muy amigo de los hechos y por eso fui a averiguar. En la Justicia Federal me dijeron que había dos causas, una del arquitecto (Ramón) Eudal y otra de la Sigen, que luego se juntaron en una sola”, explicó.

La causa había comenzado en 2010 cuando el arquitecto Eudal (ya fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

Cerisola está acusado de administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.

Además del ex rector, representado por las abogadas Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen, están acusados Luis Sacca, defendido por Víctor Taleb; Olga Cudmani, a quien representa Alfredo Falú, y Osvaldo Venturino, asesorado por el defensor oficial Mariano Galleta. El representante de la querella es Rodolfo Burgos.

Cisneros advirtió que “con respecto al convenio del 2008 vi que había cosas que no estaban bien. Quien firmaba el convenio, Cerisola, no tenía atribuciones para hacerlo. El que debía hacerlo era el Consejo Superior y por eso pedí que se anulara ese convenio”. Y luego profundizó: “Con respecto al convenio pregunté cuál era la ciudad universitaria que había que hacer. YMAD nos daba el 40% de sus utilidades. En la comisión de Interpretación quisimos tratarlo para iniciar acciones judiciales, pero la rectora Bardón se opuso. Luego se creó una comisión encabezada por la doctora Adela Seguí para analizar ese expediente. Habían llegado otros 500 millones de pesos a la UNT y nunca pude saber para qué se habían utilizado. En la universidad nos dijeron que no nos podían aclarar en qué se habían usado esos dineros”.

No se investigó

Cisneros, además, remarcó: “La Justicia debería haber investigado qué pasó con ese dinero. De 2008 a 2009 eran 26 millones de dólares. No había recibos. ¿En qué se usaron? En este tema el rectorado de Alicia Bardón fue una máquina de impedir ya que defendía lo que había hecho Cerisola. No sólo Cerisola es responsable del acta de 2008, sino (los ex rectores Rodolfo) Campero y (Mario) Marigliano también avalaron esto. Todos violaron la ley en el tema planos para tener dinero de libre disponibilidad. Por eso es importante saber qué pasó con el dinero. ¿Dónde están los planos? Se perdieron. Igual estoy seguro de que aquella Ciudad Universitaria no se puede hacer por cuestiones ambientales. Pero aquí se bastardeó el legado de (el geólogo Abel) Peirano”. Según el testigo, “eso que dicen de que la Ciudad Universitaria del siglo XXI está concluida es falso. Con el dinero que llegó los chicos podrían tener mejores condiciones para estudiar.”. “Por todo lo que yo hice, averigüé y denuncié, lo único que recibí fueron destratos de parte de la Universidad. Fui el único en el Consejo Superior que sostuve que a Cerisola, Campero y Marigliano había que aplicarles la misma vara”, finalizó.