Causa YMAD: una auditora dijo que en la UNT había pagos sin justificar y que no había controles internos

Irregularidades. En una nueva jornada del juicio que se desarrolla por el destino de regalías mineras que recibió durante años la Universidad Nacional de Tucumán, y por el cual están siendo juzgados el ex rector Juan Alberto Cerisola y los ex funcionarios Luis Sacca, Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino ayer declaró Adriana Isabel Alvillos, una contadora que desde 1993 trabaja en la Unidad de Auditorías Internas (UAI), y que detalló anomalías similares a las que contaron los testigos que la precedieron.

Alvillos se refirió a informes que ella debió analizar en los que, por ejemplo, se determinaba el pago de los proveedores. “Se evaluaban los pagos rendidos, o por rendir, en el marco del pago por obras”, explicó al comenzar la ronda de preguntas que suele comenzar con los requerimientos del Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Camuña, Lucía Doz Costa y Agustín Chit, para luego dar lugar a la intervención al representante de la querella, Rodolfo Burgos.

“Escritos a lápiz”

En ese marco, ayer, Alvillos recordó un informe que habían analizado de la Dirección de Construcciones, que conducía Cudmani, y fue lapidaria. “Detectamos que la dirección no llevaba los libros contables que decía la ley, estaban escritos a lápiz, borrados, con tachaduras”, dijo, y agregó: “había certificados de obra con requerimientos de pagos realizados dos veces, no contaban con conciliaciones bancarias, las dos veces la plata fue remitida, no se llevaban controles internos, había pagos sin justificar”. Esto le valió varias repreguntas de los defensores, Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen por Cerisola, Alfredo Falú por Cudmani y Víctor Taleb por Sacca, además de Mariano Galleta por Venturino. Pero la contadora reafirmó sus palabras hasta el final de su testimonio.

La audiencia fue presidida de manera presencial por el vocal Jorge Alejandro Basbús, quien integra el Tribunal Oral Federal junto a sus colegas Ana Karina Farías, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca (estos dos últimos estuvieron por zoom), jueces subrogantes ya que, por renuncias por jubilaciones, los titulares ya no se encuentran en funciones.

La causa en la que se investiga a Cerisola y al resto de los funcionarios tiene que ver con los manejos de $ 353 millones entre 2006 y 2009 -unos U$S 85 millones al cambio de entonces- para obras, que llegaron en carácter de regalías de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la cual la UNT es propietaria en un 40%. En el expediente se investiga la presunta comisión, por parte de los imputados, de los delitos de defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El yacimiento había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Cerisola está acusado por administración fraudulenta de utilidades mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas; también, de haber cambiado el destino de ese 40% de los fondos de la minería que correspondía a la UNT mediante la firma de un acta en YMAD; de haber puesto bajo la órbita directa del Rectorado el área de Construcciones Universitarias y de haber determinado mediante resolución que las obras llevadas a cabo con utilidades mineras no se rigiesen por la Ley nacional de Obras Públicas.

Los directores de YMAD

Justamente después de Alvillos el que declaró fue Manuel César Benítez, un abogado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue presidente de YMAD en dos períodos: desde 1988 a 1989 y desde 2001 a 2016. Benítez se refirió a las características de la ley 14.711 que dio inicio a YMAD, un ente creado -dijo- a través de un acuerdo entre Catamarca, la UNT y la Nación, lo que resolvió un conflicto entre dos provincias. “Esto estaba manejado -explicó- por un directorio, que era el órgano de administración, con dos directores por Catamarca, dos por la UNT y un representante del Poder Ejecutivo de la Nación, que es designado por el presidente”. Según el abogado, el artículo 18 de la ley 14.711 indicaba que recibían utilidades por la explotación Catamarca y la UNT, y que al terminarse lo que se conocía como la Ciudad Universitaria (la obra en el cerro San Javier), debían repartirse fondos entre todas las universidades públicas del país. “Hasta 1969 Catamarca cobraba el 50%. Luego de esto Catamarca pasa a cobrar el 60% y la UNT, el 40%”. Fue en 2007 cuando los representantes de la UNT en YMAD, los ex rectores Mario Marigliano y Rodolfo Campero informaron que la Ciudad Universitaria estaba concluida, por lo que la UNT pasó a cobrar el 20% de las regalías, Catamarca el 60% y el 20 % restante comenzó a distribuirse entre el resto de las universidades. “Ellos dijeron que la obra había concluido y nosotros lo dimos por cierto”, indicó, y afirmó que él no tuvo acceso a información que advirtiera de irregularidades en el proceso. Esa acta donde se anuncia el fin de la Ciudad Universitaria fue posteriormente la que se utilizó para iniciar la denuncia contra Cerisola (rector en ese momento), ya que los dineros habían sido utilizados en lo que se llamó “la ciudad universitaria del siglo XXI”, con nuevas obras y reparaciones en casi todos los edificios de la UNT, destino para el cual aparentemente no estaban destinados los fondos.

La audiencia continuará hoy con la declaración de la ex rectora Alicia Bardón.

Fuera de procedimiento: orden de pago dictada por teléfono

Cuando el fiscal Pablo Camuña interrogaba a la testigo Adriana Alvillos sobre las autorizaciones de pagos le preguntó si detectaron algún caso en que el procedimiento no se haya seguido.

-“Sí hubo autorizaciones que se realizaron, según lo que constaba en el expediente, en la orden de pago que habían sido autorizadas telefónicamente por funcionarios del Rectorado, si mal no recuerdo, en uno de los casos fue el contador (Luis Fernando) Sacca”.

Más adelante, a propósito de este tema, el defensor de Sacca, Víctor Taleb, le preguntó cómo averiguaron de las autorizaciones que salían fuera de protocolo, una de las cuales habría obedecido a una llamada telefónica de Luis Sacca: “¿Cómo averiguaron esto ustedes eso?”

-”Porque constaba en la orden de pago de la Tesorería de la Dirección General de Administración. Tenía una leyenda donde decía se paga por autorización telefónica, realizada por el contador Sacca y firmada por la tesorera en ese momento de la Dirección General de Administración”.

Taleb repreguntó: “¿Hubo otra autorización fuera de protocolo, por ejemplo de José Hugo Saab?”

- “No”.