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La Gendarmería Nacional en uno de los galpones allanados. - Foto: Gendarmería Nacional
El juez federal de Garantías de Orán (Salta), Gustavo Montoya, hizo lugar la imputación penal requerida contra el hijo del intendente de la localidad salteña de Coronel Juan Solá y un comerciante, por el delito de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en grado de coautores. Se trata de José Miguel Gerala y David Edilberto Medina, quienes fueron detenidos el jueves pasado en el marco de un operativo dirigido a desarticular el robo de rieles en la zona, para lo cual se hicieron nueve allanamientos.
En el caso de Gerala, hijo del intendente del municipio Coronel Juan Solá, ubicado en el chaco salteño, el delito concurre con el de robo agravado por ser cometido en despoblado, según lo requerido por la fiscalía en la audiencia de formalización de la investigación penal.
Junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal general de distrito Eduardo Villalba presentó el caso ante el juez, a quien también le solicitó con éxito la prisión preventiva de ambos acusados, como así también la autorización para avanzar con las pericias a los teléfonos celulares secuestrados a los imputados.
La investigación
La auxiliar fiscal explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia realizada el 23 de agosto del 2023 por parte del personal del Correo Argentino, en la que se dio cuenta de 480 cubiertas de presunto origen extranjero, las que estaban distribuidas en numerosas encomiendas con distintos destinos.
Ante esta sospecha, y con intervención de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, se procedió a la apertura de los paquetes, circunstancia en la que se pudo establecer que todos los neumáticos habían sido comercializados por la firma “Distribuidora Norte Agro Gomas”, siendo Medina su representante comercial.
Este nombre -sostuvo Villalba en la audiencia- no era nuevo para la fiscalía, pues ya se le había abierto una investigación por el delito de encubrimiento de contrabando en concurso real con el delito de uso de documento privado falso, en un caso que se resolvió el 26 de septiembre del 2023 a través de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el término de un año.
En esa causa se determinó que el comerciante tuvo participación en el transporte ilegal de 272 cubiertas, una actividad que para la fiscalía Medina no cesó tras la probation acordada, por lo que se avanzó con la investigación y se determinó que administraba un galpón en la ciudad de Orán, ubicado en la calle Alberdi al 900.
En ese local, almacenaba mercadería de origen extranjero, para su posterior comercialización. Asimismo, se estableció que emitía remitos a transportistas asociados dedicados al traslado de material ferroso hacia fincas de la zona de Aguas Blancas que tenían un denominador común: colindaban con Bolivia.
De las intervenciones telefónicas, en tanto, surgieron diálogos de Medina con distintos proveedores de material ferroso, siendo su rol el de coordinación para el paso de la mercadería hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se completaba la empresa delictiva con la comercialización de los rieles.
También de las escuchas, surgieron indicios concretos de connivencia con algunos miembros del puesto 28 de julio de la Gendarmería Nacional, para permitir el paso de los camiones con el material ferroso hacia la zona de frontera de Aguas Blancas.
En función de estos elementos de prueba, el 23 de mayo pasado, la fiscalía reclamó la competencia para seguir con la investigación, lo que fue aceptado por la jueza Giménez, quien dispuso que, por razones de jurisdicción, el caso pase a manos de su colega del Juzgado Federal de Garantías de Orán.
Se pudo identificar dos fincas privadas por las que los rieles salían del país, inmuebles que fueron allanados el jueves pasado, en el marco de un operativo de desbaratamiento de este accionar ilícito.
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