En diciembre irá a juicio Próspero Marcelo Sosa, quien erigió el barrio Las Pirámides

Próspero Marcelo Sosa, que desde hace años comercializa la construcción de viviendas en el barrio privado Las Pirámides, enclavado dentro de la parte sur del Parque Sierra de San Javier de la UNT, será llevado a juicio oral por desobediencia a una orden de la Justicia. Según informó el abogado Máximo Castro, de la UNT, la audiencia será el 17 de diciembre y la llevará adelante el juez Sebastián Diego Argibay, de Santiago del Estero.

Sosa vive desde hace años en el predio ubicado en el km 28 de la ruta 338, al sur de San Javier, muy cerca del límite con Villa Nougués. El lugareño afirma que tiene derecho de posesión porque su familia está radicada ahí. La Universidad, que recibió los terrenos en 1948, cuando el Gobierno de Juan Domingo Perón expropió 18.000 hectáreas del cerro para construir la Ciudad Universitaria diseñada durante el rectorado de Horacio Descole, dice que tiene escritura de los terrenos que abarcan 14.130 hectáreas. El área donde está Sosa, que reclama 4.600 hectáreas del parque, era antes de 1948 de la familia Paz Posse, a la que le fue expropiada.

Extenso conflicto

La Universidad, que ha permitido a lo largo de los años la presencia de pobladores viviendo dentro de la extensión del parque –constituido como “Parque Biológico” y como reserva ambiental en los años 70- comenzó a tener conflicto con Sosa a fines de los 90. En 1998 lo querelló por usurpación, por la que fue sobreseído en 2008, por falta de acción y paso del tiempo, por parte del entonces juez federal Raúl Bejas.

Luego de eso, Sosa comenzó a lotear y hacia 2010 ya aparecieron las primeras casas. Residentes del barrio dijeron a LA GACETA que fueron compradores de buena fe. “En 2011 vi en LA GACETA un aviso de venta de un lote. Me enamoré del lugar, la naturaleza. Era buena gente. El señor Sosa era gente lugareña de años; me mostró un papel, una sentencia que había ganado la posesión, avalado por el juez Bejas. Invertí todos mis ahorros. Hice mi casita, 400 m2. Puse árboles. No sabía nada de que se venía un juicio”, describió Isabel Ortiz.

El loteo sale a luz

La UNT supo del loteo en 2018 cuando hubo un incidente con excursionistas que habían ido a una cascada sobre el río San Javier, conocida como “Salto de la corzuela”, a quienes personas armadas expulsaron de ese sector del parque diciéndoles que era propiedad privada. Entonces se descubrió que el lugareño estaba comercializando por internet los lotes y que ya había unas 31 viviendas erigidas.

La UNT inició una querella por reivindicación en la Justicia Federal y por daño ambiental, dado que el área del parque es zona roja ambiental.

La justicia le ordenó a Sosa que no siguiera construyendo ni depredando el bosque, pero el barrio siguió creciendo y así lo denunció la casa de altos estudios, hasta que en un operativo en 2023 se comprobó que el predio ya tenía más de 50 viviendas y que se habían hecho caminos y talado árboles, por lo que fue querellado por desobediencia a la orden judicial. Por eso va a ser enjuiciado ahora. Se trata de un juicio correccional con pena menor a tres años. Podría ser una miniaudiencia en el despacho del juez.

La reivindicación

Por otra parte, la larga querella central por reivindicación de la UNT contra Sosa y contra varios de los residentes sigue su curso, a cargo del juez federal José Manuel Díaz Vélez. Por ella, la Universidad pretende, según dijo el abogado Castro, que se demuelan las construcciones y se restituya el bosque nativo. Sosa en su momento le dijo a LA GACETA que él desconoce la autoridad de la Universidad sobre el predio y que él, que fue sobreseído por usurpación, no puede ser acusado otra vez de ello y tiene derecho a la prescripción adquisitiva. La UNT dice que este parque es de dominio público, sobre el que ya ha protocolizado el plano definitivo que prueba que es dueña –será entregado por Catastro en pocas semanas más-. Afirma que no cabe la prescripción adquisitiva. “Es imprescriptible por ser de dominio público”, advierte Castro.

Los otros ocupantes, que niegan que el predio sea equiparable a los parques nacionales, han puesto un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. “Ya está alegado el juicio; falta que el juez dicte el decreto para pasar a resolver y dictar sentencia definitiva. Si sale sentencia favorable en primera instancia, se puede pedir que demuelan las casas y se recomponga el bosque nativo. Se piden dos cosas: que se ordene la restricción libre de ocupantes del predio, y que se proceda a indemnización por daño ambiental a fin de restablecer el bosque nativo depredado”, dijo Castro.

Nueva investigación

En los últimos tiempos se detectó que el crecimiento del barrio había excedido las estimaciones de la UNT.

En un operativo de abril con Gendarmería se relevó a los ocupantes –había unas 53 familias, con entre 120 y 130 personas- y se sobrevoló con un dron el sector. Como derivación de la causa por desobediencia, el fiscal federal Agustín Chit había comenzado a investigar presunta usurpación y presunto delito ambiental y pidió hacer con Gendarmería el relevamiento. Pidió que la UNT aporte el dron para “compartir los puntos georreferenciados utilizados para las tomas de las fotografías aéreas aportadas, a los efectos de que la fuerza interviniente realice un análisis comparativo entre la ocupación actual de dicho predio y la que indican las fotografías aéreas presentadas por la UNT, tanto del año 2018 como del año 2023, a los fines de elaborar un amplio informe sobre la existencia de nuevas porciones de terreno y la construcción de viviendas”. Entonces se hizo comparecer el registro de ocupantes y actualmente se proyecta hacer, si lo autoriza la Justicia, un informe de daño ambiental con el programa del Conicet llamado” Ciencia y Justicia”.

A raíz del relevamiento aerofotogramétrico realizado por el ingeniero geodesta Julio César Robles sobre las imágenes y filmaciones del dron, se observó que hay varias casas ocultas entre los árboles. En el estudio se determinó que hay 70 construcciones, entre las cuales hay un invernadero, dos obradores-galpones y dos viviendas en construcción.

No les darán energía

Como colofón a la presión que ejerce la Universidad para que se resuelva este caso, en octubre pasado se firmó un convenio entre la UNT, la empresa distribuidora de energía (EDET), el ente regulador Ersept y la Secretaría de Producción de la Provincia, a través de su área de Medio Ambiente, para arbitrar medidas a fin de que no se autoricen nuevas líneas de energía a quienes desarrollen algún tipo de uso del suelo no autorizado por las autoridades ambientales en el parque. La empresa EDET expresó “su voluntad de brindar plena colaboración para la protección y conservación del patrimonio ambiental que representa el parque para Tucumán, entendiendo que la provisión del servicio de energía eléctrica es un factor que podría incidir sobre las situaciones irregulares de ocupación del suelo de áreas protegidas”. Por su parte, la Secretaría de Producción se comprometió a informar de todo inicio de trámite de evaluación de impacto ambiental que pueda afectar la protección y conservación del patrimonio natural. El interventor del Ersept, José Ricardo Ascárate, sentenció que “EDET y Ersept van a trabajar en resguardo ambiental. No van a autorizar factibilidades. No pueden dar una línea ni potencia mayor. No se van a poder vender terrenos. Hasta que en algún momento haya restitución a la UNT”.