Hace 2 Hs
LA GACETA
Por el caso de la mercadería del Estado, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a un hombre de 58 años y a su hijo de 39 por el delito de malversación de bienes, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la provincia. Ambos quedaron bajo prisión preventiva por 90 días, y la causa fue declarada como asunto complejo.
Según la fiscal Mariana Rivadeneira, el hombre de 58 años, Alberto Felipe López, haciendo uso de órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social, retiró repetidamente mercadería destinada a dispositivos alimentarios de la localidad de Alderetes. En lugar de distribuirla entre los beneficiarios, desvió los productos hacia fines lucrativos, con la colaboración de su hijo, Juan López Cansillieri, empleado de la Honorable Legislatura de Tucumán.
La investigación se inició tras un hallazgo casual en el domicilio de los imputados, ubicado en el barrio Manantial Sur. Durante un allanamiento por una causa de lesiones leves agravadas contra el hombre de 39 años, se descubrió una gran cantidad de mercadería almacenada y documentación que evidenciaba su comercialización ilegal.
Entre los bienes encontrados se destacan:
66 fardos de puré de tomate
41 fardos de aceite
90 fardos de arroz
118 fardos de yerba
63 fardos de fideos
119 fardos de harina 000
101 fardos de lentejas
79 fardos de azúcar
4 cajas de leche en polvo
Decisión judicial y medidas cautelares
La fiscal Rivadeneira solicitó que el caso se declarara como asunto complejo, argumentando que la logística necesaria para mover tal volumen de mercadería podría involucrar a otros actores y derivar en delitos como encubrimiento o asociación ilícita.
"Estamos ante un hallazgo que involucra bienes esenciales para los sectores más vulnerables de la sociedad. La mercadería debía ser entregada gratuitamente, pero se comprobó que era vendida por montos específicos," enfatizó la fiscal.
Por su parte, la querella, en representación del Gobierno de Tucumán, respaldó la solicitud de prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Aunque inicialmente se pidió una detención de 120 días, la jueza resolvió reducirla a 90 días.
La defensa de los acusados, que había solicitado arresto domiciliario, anunció que apelará la decisión.
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