Puja judicial por el embargo a la Hidroeléctrica

Desde que se trabó el embargo a las cuentas de la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi, ya se han retenido $ 750 millones que están depositados en un plazo fijo del Banco Nación. Sin embargo, como se trató de una medida cautelar y no hay todavía un fallo de fondo, la Provincia no puede acceder a ese dinero.

En marzo, la Justicia dispuso la medida contra Hidroeléctrica Tucumán SA hasta cubrir la suma de $ 936,6 millones (luego extendida a $ 1.200 millones). Se trata del monto que invirtió el Gobierno el año pasado en la reparación parcial de la presa lateral N° 3, que presenta filtraciones. La medida fue dispuesta por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a partir de la demanda iniciada por la Fiscalía de Estado, que conduce Gilda Pedicone de Valls. El embargo preventivo también alcanzaba a “bienes muebles o inmuebles registrables” de los que sea titular la compañía que explota la generación de energía en el dique El Cadillal. En el medio, hubo apelaciones y recursos presentados por la demandada, algunos de los cuales están pendientes de resolución.

“Hemos avanzado muy bien, y se ordenó que el dinero que Cammessa le paga a la Hidroeléctrica sea retenido de manera cautelar. La empresa ha invocado en ese pleito varias cuestiones, ellos quieren ir a pleitear en Buenos Aires, que es la sede societaria de la empresa, también han planteado una disminución de la cautelar bajando del ciento por ciento al 19%, porque ellos alegan que esa retención que estamos haciendo, esa cautelar, les está impidiendo sostener sus gastos de funcionamiento. Nosotros hemos apelado todo eso, hemos apelado que la causa se lleve fuera de Tucumán, hemos apelado la disminución de la porcentaje de la cautelar”, reseñó Pedicone de Valls.

La funcionaria provincial afirmó que ahora todo el expediente está en manos de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal. Mientras tanto, el dinero permanece retenido y por pedido de la Provincia, de los $ 950 millones planteados inicialmente se subió a $ 1.200 millones. Lógicamente, ese dinero no puede ser usado por la Provincia. “Esto es una cautelar, es una retención de dinero y el día que la cuestión de fondos se resuelva probablemente nos transfieran ese dinero, pero en el medio estamos resolviendo cuestiones como la competencia de la Justicia federal en Tucumán y la porcentualidad de la cautelar”, explicó la fiscal de Estado.

Los antecedentes

El Gobierno pretende que la firma pague el monto total de lo que debió erogar el Estado para hacer las obras. En la demanda se recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. Los trabajos de reparación en El Cadillal comenzaron el 16 de marzo de 2023 y se cortaron abruptamente el 20 de octubre tras la finalización del plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa S.A y Mercovial S.A. En ese lapso, las tareas de reparación de la presa lateral N°3 se paralizaron al 50%.

La empresa tiene la explotación de la concesión por 30 años, desde el 3 de julio de 1996. La concesión de la firma Hidroeléctrica de Tucumán SA vence el 30 de julio de 2026. Comprende las centrales hidroeléctricas de El Cadillal (Tafí Viejo), Escaba (Alberdi) y Pueblo Viejo (Monteros).