A principios de 2017, Fernando Sebastián Medina pidió hablar en Tribunales. En la Fiscalía que conducía María del Carmen Reuter denunció que sufría amenazas del personal del servicio penitenciario porque no quería vender drogas para ellos. La representante del Ministerio Público le comunicó la novedad al fiscal federal Pablo Camuña. Al ratificar sus dichos, ambos funcionarios pidieron medidas de protección para el denunciante. Fue trasladado de la cárcel a un calabozo de la seccional 7ª.
Sin embargo, el 19 de noviembre de 2017 fue trasladado de regreso al penal de Villa Urquiza porque supuestamente habría protagonizado un intento de motín. Medina pidió ayuda porque tenía miedo que lo mataran. Tres días después, mientras su pareja esperaba que el juez Roberto Guyot la atendiera, fue asesinado por el interno Alejandro Mendoza.
La fiscala Adriana Giannoni (ya jubilada) pidió que se enjuiciaran al autor material y seis personas que integraban el Servicio Penitenciario. Su teoría del caso era que el guardiacárcel Claudio Alejandro González y a los ex funcionarios Sergio Walter Patto, José Fernando Cisterna, Guillermo Antonio Snaider, Víctor Casasola y Enrique Osvaldo Núñez (todos mencionados en la causa de venta de drogas) habían elaborado un plan para que otro reo asesinara al denunciante.
Después de siete años, el auxiliar Gonzalo Guerra, dirigido por el fiscal Daniel Marranzino, durante el juicio realizado este año, no pudo mantener la acusación en contra los funcionarios y solicitó que sólo se condene a Mendoza. El tribunal, ajustándose a derecho, sólo le aplicó una pena de 18 años al acusado del homicidio.