Las estrategias necesarias frente a las usurpaciones

Las usurpaciones son un problema complejo que tiene muchas aristas, que ha ido creciendo a lo largo de los años hasta hacerse casi endémico en la provincia. “Debemos decir que el fenómeno de las usurpaciones u ocupaciones pacíficas es porque existe un padrinazgo político y una falta de acción de los poderes del Estado para velar por la propiedad privada y por los espacios públicos de la Nación y de la Provincia”, dice el documento presentado hace un mes por el Foro de Seguridad Rural Argentino ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Destacamos ocupaciones de cunetas, de rutas, tanto provinciales como nacionales, ribera de ríos y canales, parques provinciales y nacionales, propiedades de universidades e institutos de investigación y predios abandonados a su suerte por Ferrocarriles Argentinos que a diario son ocupadas y saqueadas en todo el territorio de la Nación”, añaden.

El fenómeno es enmarañado, como se advierte. En las últimas semanas en nuestras ediciones se ha dado cuenta de diversas situaciones que la justicia trata de resolver o bien que han sido trabajadas con acciones del Gobierno, a través de la Fiscalía de Estado y otras áreas públicas. Se informó de un pleito por un enorme campo en Leales; de otro por una ocupación en avenida Perón al 300; de un predio a nombre de la Universidad tomado en las yungas en Tafí Viejo; de las disputas por las ocupaciones de tierras y los loteos en El Mollar y de un loteo irregular realizado en una finca de Río Colorado, denunciado este en una carta de lectores del 25/11. Se trata de distintas aristas que han tenido distintos encuadres.

El Gobierno tiene desde hace algunos años una actitud más proactiva en esta cuestión y así lo ha demostrado con los desalojos que se produjeron hace unos años en El Cadillal y con la posterior organización territorial que se ha impulsado desde las oficinas públicas. Asimismo, a comienzos de años se iniciaron capacitaciones, precisamente a comisionados comunales, para que tengan herramientas legales para actuar frente a las distintas situaciones que se dan con las ocupaciones de terrenos. “Ellos deben tener un remedio para que esto no ocurra y el Estado preserve la integridad de su patrimonio. Los delegados son el nexo para llegar a tiempo y eficazmente y que (la usurpación) no se produzca”, dijo entonces la fiscal de Estado.

El mismo gobernador dijo: “no cualquiera se va a meter en cualquier lugar, eso significa delito y el que cometa delito en Tucumán va a terminar preso, sea quien sea, empresas constructoras o personas que usurpan tierra por necesidad de vivienda. Para eso está el Estado, recurran al Estado provincial, al Estado municipal, al Estado comunal, a ver qué soluciones le podemos dar a las familias”. También desde la Justicia se han activado respuestas: se han creado fiscalías especializadas en este tema, así como en estafas y en ciberdelito, las cuales tienen un 30% de las aproximadamente 1.300 denuncias en cada una vinculadas con las ocupaciones irregulares de temas. Ahora, con la derogación de la emergencia en tierras indígenas puede inferir que se van a multiplicar las denuncias, puesto que los mismos productores del Foro Rural argentino consideran que muchos problemas se vinculan con las comunidades aborígenes y su reclamo de posesión de tierras ancestrales, reconocidos por el artículo 75 de la Constiticón Nacional.

Todo esto va a requerir capacitación adecuada, tanto de los fiscales como de los jueces, sí como de los organismos del Estado vinculados a esta problemática, a fin de saber dar respuestas adecuadas a los conflictos e incluso antes de que estos se generen.