Por Alejandra Casas Cau
12 Diciembre 2024
El acoso puede transformarse en una presencia omnipresente en la vida de las víctimas, una sombra que persiste durante años, que modifica rutinas, afecta al entorno familiar y, sobre todo, genera miedo, incluso cuando se toman todas las medidas legales posibles.
Hace unos días, Celeste Cid relató haber recibido regalos perturbadores desde sus 15 años, incluyendo preservativos usados y fotos recortadas de ella misma. Con el tiempo, el acoso escaló a redes sociales, amigos y eventos públicos, evidenciando los límites de las herramientas legales. A pesar de contar con una perimetral y un botón antipánico, su acosador logró burlar las restricciones. Las palabras de Cid sobre sentirse “encerrada” bajo protección judicial y su reflexión sobre el abandono estatal ilustran una realidad alarmante.
En Tucumán, el caso de “F” presenta un escenario similar: 12 años de denuncias contra un hombre que ignoró órdenes de alejamiento, estuvo en prisión preventiva y bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pero continuó acosándola. Estos casos plantean preguntas urgentes: ¿Por qué las medidas judiciales no siempre son suficientes? ¿Qué más debe hacer una víctima para garantizar su seguridad?
El abogado Patricio Char explica que las personas acosadas en Argentina enfrentan una barrera inicial: el acoso no constituye un delito en el país. Sin embargo, insiste en la importancia de realizar una denuncia ante las autoridades judiciales especializadas en género, ya sea en la Policía, el Ministerio Público Fiscal, a través de la línea 144 o mediante fundaciones como María de los Ángeles. Estas instituciones pueden librar medidas restrictivas para intentar neutralizar el accionar del acosador.
Pero ¿qué pasa cuando estas medidas son insuficientes? Según Char, en algunos casos las órdenes de alejamiento o botones antipánico funcionan, pero en otros no, dependiendo de la predisposición del acosador para cumplir con las restricciones. “Lo que hace falta es educación porque con ella se combate”, afirma, señalando la necesidad de un enfoque preventivo en lugar de reactivo.
Otro caso resonante de Tucumán fue el de Milagros Lohezic. Para ella las redes sociales se convirtieron en el primer escenario del acoso, que luego escaló a su entorno familiar. Su lucha por encontrar protección dejó entrever una brecha preocupante entre la legislación vigente y la realidad del acoso sistemático que enfrentan muchas mujeres. Char señala que esta brecha es clara: “En España el acoso es delito, pero aquí en Argentina no. Es el Congreso de la Nación quien debe replantearse esta situación. Sin embargo, considerando la coyuntura nacional, no veo factible un proyecto en ese sentido”.
La evaluación de la peligrosidad de los acosadores por parte de la justicia es otro desafío. Según Char, cuando los acosadores violan las medidas de restricción, incurren en el delito de desobediencia judicial, lo que permite tomar acciones legales adicionales. Además, se puede abordar el caso desde la figura de lesiones a la salud mental, creada en Argentina para judicializar este tipo de conductas. Sin embargo, estas herramientas, aunque útiles, no garantizan la seguridad total de las víctimas.
Finalmente, sobre la rehabilitación de los acosadores, Char menciona que el sistema judicial trabaja en este aspecto, aunque los números sobre su efectividad son desconocidos. En su opinión, el foco debe estar en la prevención: “Hay que educar para combatir y prevenir, no prepararse para rehabilitar cuando el daño ya está hecho”.
El caso de Paola Tacacho, asesinada en barrio Norte por un ex alumno tras haber realizado más de una decena de denuncias, es un recordatorio de lo que está en juego. Tacacho hizo todo lo que la ley recomendaba, pero el sistema no estuvo a la altura. Su tragedia expone los vacíos de una justicia que no solo falla en proteger, sino que perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas.
Mientras las víctimas están obligadas a cambiar sus vidas, encerrarse y vivir con miedo, los acosadores encuentran grietas en el sistema para seguir acechando. ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar las víctimas para que la justicia deje de ser una promesa incumplida?
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