Va a juicio el administrador del barrio Las Pirámides

Mañana se llevará a cabo en los Tribunales federales el juicio oral contra Próspero Marcelo Sosa, constructor del barrio privado Las Pirámides, ubicado dentro del sector sur del parque Sierra de San Javier, de propiedad de la UNT. Sosa está acusado de desobediencia de una orden judicial, por no haber hecho caso cuando la Justicia le dijo en diciembre de 2018 que se abstenga de seguir construyendo, talando árboles   o abriendo caminos en el predio, considerado zona roja ambiental.

El barrio se encuentra en el kilómetro 28 de la ruta 338, cerca del límite con Villa Nougués. Ese sector fue antes de la familia Paz Posse y en 1948 fue parte de la gran expropiación de 18.000 hectáreas que hizo la Nación para cedéresalas a las UNT, que inició allí su proyecto de Ciudad Universitaria, hoy inconcluso. A comienzo de los años 70 la UNT delimitó el parque Sierra de San Javier, que abarca 14.130 hectáreas consideradas zona protegida ambientalmente.

Sosa, cuya familia vive en ese lugar desde hace muchos años, fue querellado por usurpación por la UNT y en 2008 fue sobreseído por extinción e la acción penal por prescripción. La causa estuvo sin seguimiento y prescribió por el paso del tiempo. Poco después comenzó su proyecto inmobiliario, loteó y ofreció terrenos por internet. Para 2010 ya había algunas casas y en la actualidad hay unas 70 construcciones.

La UNT, que acredita la propiedad del parque, lo querelló otra vez en 2018 por reivindicación y por daño ambiental. En ese entonces había una treintena de casas. La Justicia le dictó una orden  de no seguir construyendo ni talando árboles y para 2023 se comprobó que el barrio había seguido creciendo y se le inició la  causa por desobediencia, que es la que llega ahora a juicio oral,

La cita es a las 9 de este martes en el Juzgado Federal de la calle Las Piedras y la audiencia estará a cargo del juez Sebastián Diego Argibay. El abogado de la UNT, Máximo Castro, explicó que la pena contemplada va de los 15 días a un año de prisión, por lo que, en caso de que resultare condenado, no será de cumplimiento efectivo, sino que sentaría un precedente en el marco de las causas que se le siguen por Las Pirámides. Una de ellas es la principal, que es la de reivindicación, por la que la UNT pretende que Sosa desaloje el terreno y que se demuelan las constricciones.

Por otra parte, derivada de la causa de desobediencia a la Justicia, el fiscal federal Agustín Chit inició otra investigación por presunta usurpación y daño ambiental, y en ese marco se hizo un  operativo con Gendarmería y se comenzó a hacer un registro de la cantidad de gente que vive en el barrio -unas 56 familias- y se hizo un relevamiento con un dron de la UNT en el que se descubrió que había unas 70 viviendas erigidas.

Sosa niega derechos a la UNT y afirma que él, tras haber sido sobreseído en la causa por usurpación, está amparado por haber vivido siempre en ese lugar.  Además tienen interés en su destino los vecinos que compraron lotes y construyeron sus casas en el vecindario, y que afirman ser compradores de buena fe.

El barrio, no obstante, está bajo presión: no se reciben adecuadamente los servicios -la comuna de San Javier les provee agua con un camión cisterna-; tienen un medidor de luz comunitario y hace tres meses, por convenio con la UNT, las empresas EDET y SAT, junto con el Ersept, se comprometieron a no habilitar nuevas líneas de energía y agua.

Niega derechos a la UNT

“Los derechos posesorios valen más que la escritura. La posesión material vale más el dominio del hecho. Yo soy un poseedor ‘animus domini’ ahí. He probado en la Justicia”, dijo Próspero Sosa en 2018 a LA GACETA y afirmó que su familia vive desde hace más de 100 años allí.

 También le niega existencia legal a la UNT, ya que, afirma, fue creada “de facto” en la ley de Presupuesto de 1920 y asevera que las normas que sostienen la creación de parques y de protección de ambiente fueron determinadas por personajes que violaron derechos humanos; afirma que en su caso han sido violados sus derechos, y por eso pidió un amparo en la Justicia Federal de Salta.